Por: Rafael Espino
Como lo comentábamos que sucedería en la columna pasada, finalmente en días recientes se publicó el paquete económico 2022, que es el conjunto de documentos con los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta sus estimaciones sobre el desempeño de la economía, de la política impositiva específica, es decir, qué ingresos contempla obtener y de dónde los obtendrá, y finalmente cómo y en dónde planea utilizarlos. El paquete económico se integra por los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación y la llamada miscelánea fiscal, que contiene todas las modificaciones propuestas a las leyes tributarias de nuestro país.
En esta ocasión, el paquete Económico 2022 se enfoca en tres ejes principales que son: 1) Los apoyos sociales para el bienestar; 2) Mantener la estabilidad y solidez de las finanzas públicas; y 3) Mantener el apoyo a proyectos regionales (Tren Maya, Transístmico, Nueva Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles, etc.), con impactos positivos directos e indirectos en las comunidades locales, el bienestar y empleo de las familias.
Se parte de la premisa anunciada repetidamente por el Presidente de la República de que la Ley de Ingresos no incorporará nuevos impuestos y los ingresos públicos se sustentarán en un esfuerzo recaudatorio con la normativa actual, implementando sobre todo facilidades administrativas y mejores prácticas orientadas a optimizar los recursos que se puedan alcanzar. Se establece que se mejorará la administración de los recursos públicos en todos sus niveles, lo que, según lo presentado, se logrará prácticamente sin incremento presupuestario ni modificaciones estructurales al modelo actual de gestión.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se propone un impulso al gasto en salud, con una propuesta de gasto de 794,000 millones de pesos, que representa un aumento del 15.2% real respecto a la cifra aprobada para 2021 y un aumento también con respecto al gasto total programable alcanzando el 15.1% del total, en contraste con el 14.4% de 2021.
En síntesis, como la anticipamos, estamos ante un presupuesto austero, cauteloso, con un déficit presupuestario de 875 mil millones de pesos o 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB), que continúa apostando por mantener un estricto control del endeudamiento público, pero que también compromete seriamente el margen de maniobra del gobierno y lo enfrenta a un reto muy grande para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo.
La aparición de la pandemia del Covid-19 exacerbó la desigualdad y los grandes problemas estructurales de la economía mexicana. Puso también al descubierto las grandes deficiencias de nuestros sistemas sanitarios y de educación, alimentadas por la enorme corrupción presente durante décadas en los tres órdenes de gobierno.
Reiteramos que en nuestra opinión lo que precisamos, en adición a los Programas del Bienestar, es la construcción de políticas públicas que promuevan la formalidad. Que diseñen una ruta que haga realidad el ejercicio del derecho a la prosperidad y el ascenso social dentro del marco de la ley. Sólo así, mediante el impulso a la economía formal, lograremos superar las alarmantes cifras de pobreza y pobreza extrema existentes y que el modelo tributario logre progresivamente que los grandes capitales, en su generación de ganancias en México, aporten las cuotas que les corresponde con el fin de que el Estado mexicano pueda enfrentar sus nuevas y crecientes responsabilidades sociales
