Por: Gustavo Madero
Combatir la pobreza ha sido la promesa central de todas los gobiernos y campañas políticas. Pero ésta sigue: centenaria, arraigada, endémica. Ha sido base de las campañas electorales.
¿Por qué un país tan rico en recursos naturales, la quinceava economía del mundo tiene a la mitad de su población en pobreza y no la ha podido combatir?
La principal propuesta de los gobiernos son los programas sociales a los que les asignan recursos crecientes, pero la pobreza continúa inmune. Hace treinta años, en 1992, se creó la Secretaría de Desarrollo Social y se pretende que con sus programas y recursos se logre abatir la pobreza, cosa que no ha variado más que marginalmente en estas tres décadas.
Como un gran logro se festejó que entre 2008 y 2018 se había logrado reducir del 43.2 al 41.9 el porcentaje, pero para 2020 retrocedimos al 43.9% de mexicanos en situación de pobreza.
Pese al importante aumento de presupuesto para los programas de desarrollo social a lo largo de más de veinte años, la pobreza sigue siendo imbatible.
El manejo político del tema, la discrecionalidad, opacidad y el lucro electoral de los programas han menguado su eficacia.
En el gobierno de Ernesto Zedillo, el presupuesto asignado a los programas sociales representaba el 2% del presupuesto de egresos. Vicente Fox triplicó el porcentaje hasta llegar al 6.1% del PEF del último año de su administración. Felipe Calderón lo siguió incrementando hasta llegar al 9.38% del PEF2012, pero con Peña Nieto inició una disminución para bajar hasta el 7.95% del presupuesto asignado a los programas sociales como proporción de todo el presupuesto federal. El presidente López Obrador retomó el impulso ascendente y destinó el 12.67% del presupuesto a estos programas, principalmente por el importante presupuesto asignado al programa de Pensión para Adultos Mayores.
El programa de pensión para adultos mayores en el país inició en 2004 con el gobierno de Vicente Fox con un presupuesto de 500 millones de pesos y se quintuplicó para el 2006 a $2,500 millones. Con Calderón se elevó a $22 mil millones, con Peña a 40 mil millones, pero AMLO lo sextuplicó elevando el monto asignado al programa a los 238 mil millones beneficiando a 10 millones 527 mil adultos. Sin duda ha sido el programa estrella, que ha logrado mantenerse desde 2004 a la fecha, aumentando cada vez más a la población beneficiaria al bajar la edad mínima de 70 al inicialmente a 65 años ahora, para tener acceso a los 3,850 pesos de pensión bimestral.
En 2022, el gasto en desarrollo social que comprende además el presupuesto de salud y educación representó el 65% de todo el gasto programable del gobierno federal, aunque por su discrecionalidad, opacidad y falta de focalización ha sido ineficaz y regresivo.
La pobreza y la desigualdad no pueden combatirse sólo mediante transferencias directas a la población. Es necesario un cambio de paradigma con una nueva visión de derechos, equidad e inclusión orientado a incrementar las capacidades y ampliar las oportunidades de la población.
Debe superarse la visión asistencialista que concibe los programas sociales como la ambulancia que atiende a los damnificados de las políticas económicas. No puede haber una política social desarticulada de la política económica y fiscal porque la desigualdad en nuestro país se ha logrado atemperar ex post el ejercicio de los 3 billones 403 mil 627 millones de pesos. No se puede superar la pobreza cuando dos de cada tres empleos son informales y no cuentan con protección social.
El reto es mayúsculo y en gran parte causa de la imparable violencia que azota nuestro país: un verdadero estallido social.
El reto es no politizar el tema y convertirlo en una verdadera prioridad nacional, una política de estado, metapartidista y transexenal.
Andrés Manuel arrolló en 2018 con una propuesta de atender por el bien de todos, primero los pobres. Desgraciadamente no ha logrado incidir eficazmente para mover la aguja de los indicadores y mucho menos para transformar la triste realidad. Ha tenido en contra la pandemia del Covid, pero ha contado con los mayores recursos presupuestales de la historia producto de la recaudación, del precio del petróleo, de las exportaciones, de las remesas y del turismo, pero no ha logrado tener éxito.
Los candidatos a la presidencia para 2024 deberán escuchar el mensaje de las víctimas de la pobreza, de la desigualdad y de la pobreza, pero tener mejores propuestas e involucrar a toda la sociedad en el objetivo para lograrlo.
