En el marco de la adecuación de la legislación en materia educativa de los diferentes niveles, debido a la implementación de la Reforma Educativa del presente gobierno federal, en estos días, habrán de celebrarse, a lo largo del país, foros estatales de consulta, del Anteproyecto de la Ley General de Educación Superior (LGES) en nuestro país.
Algunos de los aspectos de dicho anteproyecto de la LGES que se analizarán en los foros estatales son: Políticas prioritarias para impulsar el desarrollo de la educación superior con una visión de Estado; Mecanismos de participación y responsabilidad de las IES con la sociedad; Herramientas para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior; Figuras de coordinación entre los distintos subsistemas de educación superior, así como las Bases de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior.
Lo anterior resulta sumamente relevante e importante, en virtud de la revisión y renovación del marco jurídico e institucional en la educación superior, el cual deberá ser analizado y confrontado con la realidad por parte de los diferentes actores que le dan vida y que terminan por ejecutar aquello que se dicta en la legislación establecida, de tal manera de que es una estupenda oportunidad para el análisis y establecimiento de situaciones concretas que deben desarrollarse en este importante nivel educativo.
El propio secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha manifestado que la LGES debe centrarse en el aprendizaje de las y los jóvenes, así como en la empleabilidad y la generación de ingresos, con el objetivo de que sirva como un detonante en el desarrollo del país, sin embargo, es claro que el análisis debe de ir al fondo de lo que sucede en realidad en las instituciones.
Temas como la reducción del presupuesto a las escuelas normales públicas en más del 40 por ciento en los últimos cinco años, la solicitud que realizó la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) al Congreso de la Unión por más de 17 mil millones de pesos, las políticas para el acceso de estudiantes, así como la pretendida gratuidad son aspectos que deberán tener un espacio en la agenda de discusión.
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