Por Francisco Javier Pizarro Chávez.
El 1 de octubre del año en curso, el Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, la cual tiene nueve artículos transitorios.
La referida reforma es de alto impacto con relación al actual modelo energético, esto es, al sector eléctrico e hidrocarburos, que ha puesto los “pelos en punta” del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); empresas y corporaciones trasnacionales en activo; legisladores y dirigentes de los partidos adversos a la 4ta Transformación en coalición con magnates como Claudio X. González y medios de comunicación, los cuales divulgan al por mayor que la iniciativa constitucional que el presidente de la república sometió al Poder Legislativo para reformar el artículo 27 constitucional es “ilegal e injusto”.
Para la iniciativa privada, es una de las leyes fundamentales en la que se basa el sistema capitalista; en el predominio del sector privado, el libre mercado y por supuesto, es contraria al sector público e intervención estatal.
En síntesis, para ellos, la energía eléctrica es un negocio, no un servicio público. Y eso no es de ahora. La industria eléctrica en México nació en manos del capital privado y empresas extranjeras que usufructuaron a diestra y siniestra casi el 80% de la energía eléctrica con el suministro inadecuado al sector público y altas tarifas a los ciudadanos.
El general Abelardo L Rodríguez, presidente de la república el 2 de diciembre de 1933, envió al congreso una iniciativa para crear la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una dependencia descentralizada, destinada a dirigir y organizar el sistema eléctrico nacional.
La CFE entró en funciones el 14 de agosto de 1937 con la Ley que promulgó el presidente Lázaro Cárdenas, a partir de la cual, se decretó que la generación y distribución de electricidad eran de utilidad pública. Se convirtió en la institución encargada de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener, con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.
En 1960 el presidente Adolfo López Mateos estableció el principio constitucional de la exclusividad en favor de la Nación del servicio público de la electricidad, que, en 2013, el mandatario Enrique Peña Nieto echó abajo y abrió las puertas a la privatización del sistema eléctrico nacional.
Peña Nieto hizo caso omiso del artículo 27 constitucional que define que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional corresponde exclusivamente a la Nación y establece que en estos rubros NO se otorgan concesiones a empresas privadas y trasnacionales, las cuales pueden contraer contratos particulares sólo en la actividad productiva de la industria eléctrica.
Por el contrario, dejó que empresas privadas y trasnacionales asumieran el control de la CFE, lo que fue un abuso y extorsión del erario público, de una parte, y de la otra, de la población. No se vale que un servicio público esencial para todos los mexicanos lo asuman como negocio.
