El presupuesto enviado por el Ejecutivo estatal al Congreso tiene todas las características de ser un presupuesto de año electoral, es decir, con partidas discrecionales que significan “manga ancha” para el gobernador. “Gasto sin etiquetar”, se llama. Y ante estas señales, atención de la ciudadanía y auditorías reales.
El documento a través del cual se presenta el presupuesto al Congreso del Estado es todo un laberinto de. Por eso la revisión del mismo se debe hacer al detalle, pues es en ese tipo de documentos donde las letras chiquitas son el diablo.
Un ejemplo de ello son los 23 millones 235 mil pesos para una Coordinación Ejecutiva de Gabinete, la cual, en palabras del propio gobernador, señala: “Son muchas áreas, esta coordinación está a cargo del Copladem, de muchos comités interinstitucionales a cargo de la comisión interinstitucional de Desarrollo Social”.
Sin embargo, como ya lo han señalado distintas fuentes, ese presupuesto supera al Instituto Chihuahuense de la Juventud con 17 millones, y supera cuatro veces el del Instituto de Innovación y Competitividad. Las preguntas sobran: ¿Dentro del enorme organigrama de la Poder Ejecutivo del estado no existe una figura que realice la flamante Coordinación Ejecutiva de Gabinete?, ¿es imprescindible ese presupuesto?, ¿es prioridad?
Y es que mientras se le destinan 23 millones de pesos a dicha coordinación, tan sólo en febrero, el asesinato en Chihuahua se elevó 114% este año respecto del mismo mes de 2016, en tanto que la media nacional creció 28.79%, tomando el mismo mes de referencia.
Delitos de alto impacto, como el secuestro y extorsión, muestran niveles inferiores a la situación generalizada en el resto de la república, con números inferiores al promedio. Sin embargo, la incidencia se ha agravado, pues el total de secuestros denunciados ante las autoridades locales entre octubre y febrero pasados aumentó 250%, mientras que a nivel nacional el alza fue de 16.85%. El delito de extorsión muestra un comportamiento paralelo, pues en lo que va del gobierno de Corral se ha elevado 450%, cuando en promedio en el país subió 26.75%. Los anteriores datos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Es decir, la ciudadanía en Chihuahua convivimos todo el tiempo con la violencia, con esos números transformados en casos de conocidos, amigos y desgraciadamente, en casos como el de su servidora, familiares debido a esa inseguridad. Y aquí es donde esos 23 millones de pesos se vuelven tema. El sistema de justicia del estado cuenta con enormes y graves deficiencias, hace falta personal, capacitaciones, instalaciones adecuadas, y el presupuesto que se ha destinado a este rubro, no es suficiente, no lo es nunca si somos realistas, pero 23 millones sumados a lo que ya se tiene destinado, ayudan y ayudan mucho.
Por otro lado, este presupuesto entregado por el Ejecutivo estatal cuenta con rubros como gastos para estudios de consultoría, becas, partidas discrecionales difíciles de rastrear, que se diluyen fácilmente sin dejar huella y que se podrían destinar a campañas, incurriendo con ello en un inadecuado uso de los recursos, que de por sí son pocos.
A esto, hay que sumar el rubro: Fortalecer la imagen del Ejecutivo con la sociedad civil, organismos y entidades, al cual se le destina 45 millones 912 mil pesos. ¿En serio? ¿Se necesita esa cantidad de dinero? es más ¿se necesita fortalecer la imagen? ¿a menos de dos años ya está debilitada o cansada la imagen? De ser así, ¿eso lo resolverán 45 millones?
El presupuesto estatal debe hacerse con base a las prioridades de Chihuahua, de la ciudadanía, no del gobernador en turno.
lilia.aguilargil.2015@gmail.com
