Por: César Wong
Como lo he señalado en reiteradas ocasiones, la naturaleza de la materia electoral está sustentada en elementos de dinamismo y evolución en su desarrollo, que en otras materias del orden público no se presentan. Estos elementos generan que con cada proceso electoral el panorama cambie y deban atenderse nuevos ideales o necesidades sociales que el mismo avance democrático exige.
Ya dejamos atrás, formalmente, lo sucedido en el proceso electoral 2021, pues ya se rindió protesta de los cargos públicos electos y se resolvieron los juicios relacionados con las elecciones. Sin embargo, materialmente, ese proceso nos planteó directrices que debemos tomar en cuenta este año.
El 5 de junio de 2022, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas celebrarán elecciones ordinarias.
En el caso de Durango, será electa 1 gubernatura, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías. Respecto a Quintana Roo, se elegirá 1 gubernatura, 15 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 10 por representación proporcional. Mientras que en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, únicamente se emitirá el voto para elegir al titular del Ejecutivo local.
Ahora bien, como cada proceso electoral, esta es una nueva oportunidad para demostrar distintas cuestiones. En primer lugar, que los tribunales e institutos electorales locales tienen la capacidad para afrontar sus atribuciones constitucionales, refrendando la necesidad de su existencia en el sistema democrático mexicano.
Por otro lado, este proceso será también el último eslabón para que los actores políticos y ciudadanía en general políticos empiecen a construir las apuestas de lo que será el 2024, en el que se renovará la presidencia de la República.
Además, será un escaparate judicial y administrativo para saber si los criterios e incidencias acontecidos en 2021 –temas de fiscalización, violencia, procesos internos, transparencia y acciones afirmativas – se aplicarán de manera correcta, pues de no ser el caso, hay que reflexionar el porqué de esa resistencia a la adecuación planteada por los órganos especializados.
Desde hoy el panorama parece un poco complicado, pero no por una insuficiencia institucional para afrontar las elecciones, ya que los resultados obtenidos por el INE el TEPJF y los órganos locales, en mayor porcentaje, estuvieron acorde a lo esperado. La cuestión aquí es que el debate y discusión política en el que se han inmerso las instituciones públicas respecto de las elecciones y ejercicio de participación ciudadana ha complicado el desarrollo democrático.
Para llegar a un buen puerto en 2022, considero que es necesario, primeramente, resolver el “ruido” relacionado con la comunicación política entre instituciones y de éstas con la ciudadanía, para así centrarse en el correcto desarrollo de los comicios.
Temas que serán materia de discusión y análisis este año serán muchos. No obstante, al ser el proceso que transcurre un puente para 2024, creo que es necesario empezar a encaminar la civilidad institucional para lograr un verdadero desarrollo electoral. ¿Ustedes qué opinan?
