El Tratado Internacional de Aguas de 1944 fue suscrito por nuestro país y el Gobierno de los Estados Unidos para regular el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana. De acuerdo con sus reglas, se definieron plazos exigibles para calcular el pago de adeudos. Así, México se queda con dos tercios de la corriente principal del río Bravo y cede el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos anuales. Por su parte, Estados Unidos cede a México cada año 1,850 millones de metros cúbicos del río Colorado, que pasan por la frontera hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
En este contexto, la mayor parte de agua para el pago de la deuda mexicana la aporta el estado de Chihuahua con un promedio anual de 751 millones de m3 de aguas superficiales provenientes de la cuenca del río Conchos, esto por contar con un sistema de presas más grandes, pero que desafortunadamente tienen un alto grado de sedimentos que merman su capacidad para almacenar; adicionalmente han disminuido las lluvias por el cambio climático y la deforestación en la Sierra Tarahumara, donde nacen el río Conchos y sus principales afluentes, pero sobre todo existe un crecimiento desmedido de la frontera agrícola y hay una falta de gobernanza en toda la cuenca ya citada. Todo ello ha provocado la disminución de la aportación de Chihuahua al Tratado a sólo 459 millones de metros cúbicos al año.
Hay la intención del Consejo de Cuenca de autorizar un Reglamento y un Modelo Matemático que pretende modificar el marco jurídico actual de la Ley de Aguas Nacionales y violarla, extrayendo ilegalmente aguas concesionadas de las presas de Chihuahua. Nos opondremos firmemente a ello.
Urge brindar una justa retribución en favor de las comunidades que entregan el agua, mediante el razonable establecimiento de un porcentaje que contribuya a la generación de acciones que les permitan conservar y ampliar las posibilidades de utilización del propio recurso natural. Existe la cruel contradicción que muchas comunidades sobre todo indígenas ven pasar el vital líquido, sin contar con el acceso al agua potable, alcantarillado y saneamiento que ya es un derecho universal.
Es por lo anterior que presenté como diputado federal una iniciativa para adicionar a la Ley de Coordinación Fiscal, la creación de un Fondo Hídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios aportantes a Tratados Internacionales.
Esto con el propósito fundamental de dotarlos de los recursos económicos necesarios, que les permitan generar las condiciones ideales de previsión, organización e infraestructura, indispensables para cumplir cabalmente con los compromisos internacionales, brindando además un medio de compensación equilibrado, en proporción directa al esfuerzo que realizan, en relación con el volumen de millones de metros cúbicos de agua que aportan. La iniciativa no fue aprobada por el Pleno.
