Por: Aída María Holguín Baeza
Si bien es cierto que el presupuesto que el actual gobierno federal ha destinado a la publicidad oficial ha disminuido, también es cierto que la concentración del gasto en dicho rubro persiste y no retrocede.
Tal hecho quedó evidenciado en un reciente informe elaborado y publicado por las organizaciones Fundar y Artículo 19, mismo en el que se específica que, aunque la tendencia del gasto en publicidad oficial se ha reducido, la 4T ejerce la publicidad oficial bajo prácticas discrecionales y sin la debida transparencia.
Lo que llama poderosamente la atención es que, según los datos contenidos en dicho informe (obtenidos a través del Sistema de Gastos de Comunicación Social de la SFP), a dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las tendencias del gasto en publicidad oficial son similares -en mucho- a las que tanto criticó de los sexenios anteriores.
Y es que, de acuerdo con los reportes del ejercicio de recursos por concepto de publicidad oficial en tiempos de la 4T, se observa claramente el favoritismo hacia ciertos medios de comunicación; o, dicho de otra forma, la inequitativa y desigual distribución de los recursos públicos destinados a la contratación de publicidad oficial.
En ese sentido, el informe de Fundar y Artículo 19 detalla que, de los 457 medios de comunicación que recibieron recursos públicos por concepto de publicidad oficial durante el segundo año de la 4T, 10 de ellos fueron privilegiados con el 52% de los recursos destinados a dicho rubro y que en tres de esos 10 (Televisa, TV Azteca y La Jornada) se concentró el 28.6% de los recursos. Este último dato resulta particularmente relevante porque deja muy claro cuáles son los medios de comunicación favoritos del presidente López Obrador.
El caso es que estas prácticas del pasado que Andrés Manuel López Obrador prometió eliminar, siguen y seguirán sucediendo mientras que no se atienda la raíz del problema; es decir, mientras que no se legisle de forma específica y adecuada en materia de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión.
Lo peor del caso es que, desde octubre del 2018, el colectivo #MediosLibres presentó una valiosa y trascendente iniciativa ciudadana para abrogar la Ley General de Comunicación Social o “Ley Chayote” (que cuenta con dos acciones de inconstitucionalidad pendientes de discusión en la SCJN) y expedir la Ley General de Publicidad Oficial que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad, y todavía es hora de que no hay voluntad política para -siquiera- discutirla. De hecho, el pasado 4 de agosto (durante "la mañanera") el presidente López Obrador dijo cínicamente que no tiene la intención de regular la publicidad oficial, y pues así las cosas.
En esta ocasión, concluyo citando lo dicho no hace mucho tiempo por Pablo Secchi y Rosario Pavese: "La publicidad oficial es hoy, ante todo, una herramienta proselitista que seguirá aumentando en su volumen, y se seguirá profundizando en sus vicios si no se regula su fin y utilización".
laecita.wordpress.com
laecita@gmail.com
