El conflicto de los productores y pobladores de los municipios afectados en contra de la extracción de agua de las presas en Chihuahua ha tomado dimensiones políticas y económicas fuera de serie.
La región que se beneficia de los riegos de estas presas está conformada por los municipios de Delicias, Saucillo, Rosales, Camargo, Meoqui, Jiménez, Coyame, Ojinaga y Julimes.
De acuerdo con la estadística de producción agrícola de 2019 del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Sagarpa, el valor de la producción registrada en la región en 2019 es de aproximadamente $12 mil 650 millones, dividida en tres tipos de ciclos: Otoño-Invierno (mil 75 millones), Perennes (6 mil 400 millones) y Primavera-Verano (5 mil 175 millones). Hay que considerar que estas cifras seguramente son conservadoras, algunas personas con las que he platicado calculan que el valor de la producción agrícola en la región está cerca de los 25 mil millones de pesos.
Cinco productos son los que se llevan el 88.47% de la producción: nuez (28.07%), alfalfa (20.09 %), cebolla (15.50 %), chile verde (13.43 %) y algodón (11.37 %). De estos productos el estado de Chihuahua tiene el primer lugar de producción nacional en alfalfa, algodón, cebolla, chile verde y la nuez. La producción estatal de alfalfa representa el 22.7% del volumen nacional, el algodón el 70.2%, la cebolla el 19.5%, el chile verde el 24.9% y la nuez el 63.1% de producción nacional.
Es indudable la aportación de la región para la economía nacional e inclusive para la disponibilidad de alimento y la estabilidad de los precios en el mercado. Adicionalmente la afectación a la economía local será fuerte, ya que impactaría a una población de 406,394 personas, que aunado a la crisis económica derivada del Covid-19 tendrá efectos de gran escala.
Este panorama sólo genera la pregunta: ¿quién realmente es el que tiene la mano en el grifo de las compuertas?
Adicionalmente a los impactos económicos y los impactos políticos, la angustia social por los movimientos y enfrentamientos que se han tenido son también de gran escala. Ya es mucha la tensión y frustración de la población y realmente hoy por hoy no se habla de otra cosa en la región. Lo que muchos aseguran, es que en lo que corresponde al pago del agua, México, en este momento, se encuentra al día. Desafortunadamente no se han dado los espacios para hacer la conciliación de datos y argumentos en donde la federación pueda desmentir los hechos.
Ante la opacidad y la falta de apertura al diálogo, se han abierto muchos escenarios en donde el juicio social los da a todos por válidos. 1) El agua se está canalizando para uso industrial en el estado de Tamaulipas; 2) El agua se está utilizando porque no le alcanza a los riegos de Tamaulipas; 3) el agua se utiliza para la industria de Nuevo León; y 4) El agua se necesita para extraer carbón en una mina de Coahuila, e inclusive hasta canalizaciones han hecho en fechas recientes.
Los costos de la manera que se han impuesto estas acciones de autoridad sólo corresponden a que alguien obtenga un beneficio mayúsculo. No se puede leer de otra manera. Esta persona o grupo de personas están actuando en la sombra y no han asumido la responsabilidad de la apertura de las presas. Queda cierto que no está la decisión al nivel de la directora de Conagua en Chihuahua. El tener al Ejército apostado en las presas provocando conflictos con gente honesta y trabajadora requiere la decisión de una o más personas del más alto nivel.
