Por: Juan Ramón Camacho Rodríguez
Las estrategias exitosas se reconocen por sus resultados, más que por sus intenciones. Tratándose de las estrategias para alcanzar armonía y tranquilidad en la convivencia social, será el incremento de éstas la evidencia de la eficacia de aquéllas.
Es cuestión de simple racionalidad, que para ser práctica tiene que aterrizar del plan ideal a la realización concreta. ¿Qué tan racional (coherencia entre fines y medios) puede ser este plan de seguridad nacional que contempla usar a los militares para combatir la delincuencia?
En México, con el pretexto de combatir a las organizaciones de narcotraficantes, fue en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) cuando la milicia mexicana tomó un papel en las actividades propias de la seguridad pública a nivel nacional.
Con todo y los cuestionamientos públicos, la participación de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad pública federal siguió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y se ha mantenido hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
¿Pero acaso se ha incrementado la seguridad a nivel nacional con el Ejército en su participación contra las actividades del crimen organizado? Para muchos ciudadanos y organizaciones civiles se trata de un rotundo y sonado fracaso. ¿Y no se deberá este fracaso a la irracionalidad misma de la estrategia, que implementa medios inadecuados?
Se ve lo claro, y lo claro es que esto no funciona –o al menos no funciona para lo que los ciudadanos en general esperamos que funcione-. La pacificación del país, que es lo que nos importa como ciudadanos, no ha llegado ni llegará con esta estrategia, es lo que ya vemos con claridad.
Francamente, eso de legislar para darle un marco jurídico a la estrategia de militarización de las acciones de seguridad pública (como se hizo en el sexenio de Peña Nieto con la Ley de Seguridad Interior publicada a finales de 2017), no es más que un recurso legaloide para seguir justificando algo que –nos queda claro, insisto- no da resultados en la práctica.
Es decir, un marco legal para la irracionalidad vale tanto como la irracionalidad misma; es más, es parte del problema. Tampoco funcionan los acuerdos o los decretos. Es necesario un cambio de estrategia, no parece haber de otra. Si no hay resultados, hay que cambiar lo que hacemos para llegar a ellos más que hacer leyes que amparen la ineficacia del plan.
¿Queremos más seguridad pública, una sociedad más pacífica, mayor tranquilidad en las calles? ¿Lo que estamos haciendo nos acerca a ello? ¿Hemos mejorado? ¿Vivimos con más tranquilidad? ¿Hay más armonía y paz en las ciudades y pueblos?
Si la respuesta a estas preguntas es negativa, hay que hacernos otra pregunta: ¿Entonces, por qué insistir es seguir haciendo lo mismo? Racionalidad práctica, se llama. Ya el lector sabrá qué es lo que implica todo esto.
