A su servidor no le sorprende que el gobierno de López Obrador pueda señalar casos de corrupción en prácticamente todos los rincones del gobierno federal, así como durante el proceso de entrega y ejecución de los presupuestos por parte de los gobiernos estatales y municipales.
De la misma forma que me queda claro que el narcotráfico se ha convertido en parte de la vida económica de los poblados alejados en los montes y sierras del país, si consideramos que dichas actividades son las que en forma espléndida o al menos suficiente les dan a los lugareños un ingreso mejor.
Tampoco me convencen las declaraciones sobre las detenciones y procesamiento penal de cientos de huachicoleros o los miles de millones de pesos que supuestamente ya no se pierden por el robo del combustible. Porque si el gobierno federal anterior era lento e ineficiente, pues imaginémonos la velocidad a la que funciona con morenos sin experiencia.
Hablar de cientos de detenidos y de miles de millones ahorrados sin presentar ninguna evidencia sólo lo aceptan los más crédulos morenos o los fantasiosos simpatizantes que se lanzaron electoralmente al ritmo de las alucinadas promesas de nuestro hoy presidente.
Actualmente se vive un ambiente de terror laboral en el gobierno federal, donde cualquier que señale o denuncie las incongruencias y folklorismos, como la propuesta de personajes de confianza impreparados, sin certificados y la experiencia mínima para ocupar puestos que tradicionalmente se asignaban a mexicanos con un nutrido currículum y experiencia, independientemente de su calidad moral, que se prepare para que lo aplaste la aplanadora mediática.
En cada ocasión en que las decisiones que López Obrador y su círculo inmediato han provocado desconcierto o carcajadas, de inmediato en la siguiente conferencia mañanera se procede a tratar de aniquilar mediáticamente al personaje que se haya tomado la libertad de ejercer sus derechos constitucionales señalando los dislates y locuras de la 4T.
Donde no escapan ni los programas para apoyar a las madres y las familias más pobres de México, como en el caso del estrangulamiento del programa de estancias infantiles, donde la chihuahuense Clara Torres que había sido designada para dirigirlo aún sin nombramiento, renunció y declaró este jueves que la corrupción no estaba en las estancias, sino en las delegaciones federales.
En el intento de sepultar a la sociedad civil, Carlos Slim se sumó a López Obrador afirmando que los órganos autónomos integrados por personajes de la sociedad civil "dificultan y alargan innecesariamente la toma de las decisiones de inversión".
Vaya sorpresa, el hombre más rico de México y el presidente de la república, a quienes imaginábamos adversarios, coinciden en desmantelar todo lo construido en materia de freno a los excesos del poder monetario, político y burocrático.
Mintzberg, reputado experto de estrategia, escribió un libro titulado “Balance”, donde afirma que los países que tienen éxito son aquellos que logran un equilibrio dinámico entre los gobiernos y la política, las empresas y el capitalista incluida la comunidad. El sexenio anterior privilegió la corrupción y el capital, mientras en este vamos hacia un estatismo burocrático, ambos muy lejos de un balance donde los mexicanos podamos crear y distribuir riqueza, democracia y justicia social.
