Por: Lilia Aguilar Gil
Esta semana en la Cámara de Diputados definiremos quiénes estamos a favor de menores tarifas bajas y a favor de las y los mexicanos, porque eso es la Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Del otro lado, aquellos que voten en contra, estarán votando en contra de México y a favor de intereses privados. Así de simple será este importante debate.
Lo que esta reforma se propone hacer es contar verdaderamente con tarifas accesibles de energía eléctrica, lo cual sólo se logrará cuando el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lleve a cabo el establecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva, recuperando la conducción del sistema eléctrico nacional y siendo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.
Para lograrlo, la CFE podrá usar subsidios y otros instrumentos y garantizar que la energía llegue a las colonias y viviendas donde la luz sólo ha sido una promesa no cumplida desde aquella reforma de 2013 y esa será la prueba que tenga la gente para saber quién sí les cumple y quiénes no.
Aquella reforma de 2013 no consiguió tarifas competitivas para los consumidores, no existió orden en la transición energética y sólo generó sobreoferta de capacidad, tampoco eliminó la concentración económica que existe en el mercado eléctrico y sólo benefició a la participación privada. Ese fue el resultado de esa imposición.
Cuando fui diputada en ese año, advertí de lo equivocada que estaba esa reforma, la cual, como así lo han demostrado los años, sólo benefició a consorcios extranjeros, pues bajo el argumento de falta de competitividad en las tarifas eléctricas, se otorgan beneficios de cerca de 490 mil millones de pesos anuales al sector privado; la CFE está obligada a comprar energía (la cual sí tiene pero no puede despachar) a privados con un costo de 222.9 mil millones de pesos anualmente.
Aquella reforma fragmentó a la CFE en seis empresas generadoras de electricidad que compiten entre sí a pesar de pertenecer al mismo consorcio, además de establecer que la generación y comercialización operan bajo “libre competencia”, lo cual es falso, pues protege a privados y restringe a la CFE.
El proceso de aprobación en el cual estaremos trabajando esta semana, dista mucho de la reforma de 2013. Hoy llevamos a cabo esta discusión después de 27 foros y cerca de 90 ponentes, entre expertos, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil. Además, en una demostración de disposición y flexibilidad, hemos aceptado incluir nueve de las 12 propuestas que los partidos de “oposición” han presentado como condición para votarla a favor. De votarla en contra, como ya lo han anunciado algunos de ellos, no harán más que evidenciar que su oposición es pura mezquindad.
Entre las propuestas que se sumarán al dictamen que discutiremos esta semana están la consideración del acceso a la energía eléctrica como derecho humano, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, otorgándole autonomía presupuestaria y de gestión, la declaración del litio como propiedad del Estado, abrir la oportunidad para que negocios y empresas más pequeños puedan acceder al mercado eléctrico a costos más bajos, entre otras.
¿Por qué razón hicimos esto? Porque estamos de acuerdo en que todas estas propuestas suman y benefician a la población. Les hemos tendido la mano en pro de tener tarifas más bajas y que la gente pague menos por ellas y así puedan tener acceso a la energía eléctrica. Esta semana veremos si ellos están a favor de la gente o en contra de ella.
