Por: Rafael Espino
El planteamiento principal del Proyecto Alternativo de Nación, movimiento con el que el Lic. Andrés Manuel López Obrador accedió en un tercer intento a la Presidencia de la República, con el apoyo histórico en nuestra vida democrática de más de 30 millones de mexicanos, fue la recuperación del Estado para convertirlo en un promotor del desarrollo político, económico y social del país, a través de dos acciones específicas: el combate a la corrupción y dar preferencia en las políticas públicas a los pobres. El lema distintivo y común denominador de sus campañas fue: “Por el bien de México, primero los pobres”. Encaminado a este fin se instituyeron los programas de Bienestar, a los que inclusive en los casos de discapacidad, adultos mayores y becas educativas para jóvenes se les dio rango constitucional, al reformarse el 8 de mayo de 2020 el artículo Cuarto de nuestra Constitución Política.
Es de todos sabido que, en materia económica, hasta casi los albores de la mitad de su mandato, el Presidente ha promovido e instrumentado un plan de austeridad muy enérgico y mantenido su promesa de no crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes. No obstante, exacerbada la realidad económica por el severo impacto de la pandemia y consecuentemente en las finanzas públicas, nos enfrentamos a la disyuntiva de adoptar medidas estructurales o de fondo, para que los esfuerzos de justicia hacia los más necesitados tengan alcances verdaderamente transformadores y no meramente asistenciales. De lo contrario los propósitos planteados difícilmente se alcanzarán y se corre el riesgo de volver a un pasado asistencial, con escasas condiciones para la generación de riqueza y como consecuencia, el debilitamiento de las estructuras del Estado, impidiéndole ser garante de la inclusión de todos en la formalidad y en el tren del progreso. En estas condiciones, es tiempo de pensar seria y decididamente en la instrumentación de una reforma fiscal consensada y efectiva. Que formule un replanteamiento de la contribución de los diversos agentes económicos a la hacienda pública, conforme a los principios constitucionales del Estado mexicano.
El presupuesto de egresos federal para este 2021 es equivalente a 6 billones, 295 mil millones 732.6 millones de pesos que representa el 25.2% del Producto Interno Bruto (PIB), 0.3% menor en términos reales que lo aprobado en 2020.
La recaudación tributaria total de 2020 ascendió a 3 billones 338.9 mil millones de pesos, lo que representó un monto aproximado del 14.5% del PIB, el más elevado de los últimos 10 años, pero notoriamente menor a lo requerido para financiar los ingentes requerimientos del sector público. Sólo como referencia, según el último reporte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) relativo a 2019, la recaudación tributaria de México como porcentaje del PIB es de las más bajas entre economías similares, como la de Chile (20.7), Argentina (28.6) o Brasil (33.1). El promedio de América Latina y el Caribe era para ese año del 22.9%.
Recientemente, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Lic. Raquel Buenrostro, descartó una reforma fiscal para este año y precisó que, mediante actos de fiscalización enfocados principalmente en grandes contribuyentes, se podrían recaudar hasta 200,000 millones de pesos extras, que equivalen a 0.8% del PIB.
Justamente lo contrario. Actos de fiscalización a sectores específicos, si bien importantes o planes de austeridad adicionales en el ejercicio del gasto, ya resultan notoriamente insuficientes. México precisa una reforma fiscal que distribuya las cargas impositivas equitativamente, combata la informalidad, simplifique el sistema recaudatorio e incluya estímulos a la inversión y el emprendimiento. Que promueva sistémicamente una mayor generación de riqueza y el aumento en la recaudación. Que dote de recursos al gobierno para construir un verdadero Estado de Derecho y fortalezca las capacidades del Estado para proveer los bienes básicos como educación, salud, seguridad y conceda el acceso de toda la población a las mismas oportunidades. De lo contrario se corre el riesgo de incumplir lo ofrecido, principalmente en lo relacionado con el apoyo a los pobres.
