BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA, A. C.
Por: José Martínez Frausto
Colaboración.
En la colaboración anterior señalamos que estaba programada la sesión del pleno del Congreso del Estado para analizar y votar la iniciativa de reforma judicial, esto es a varios preceptos de la Constitución Política del Estado. Pues bien, se llevó a cabo y se aprobó en los términos planteados por el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, con el beneplácito de la mayoría de los cabildos de la entidad. Por consiguiente, se logró el objetivo por parte de la actual administración estatal de lograr las herramientas legales necesarias para tener control o al menos injerencia en el Poder Judicial del Estado.
La parte de esta reforma constitucional que nos interesa destacar la componen dos temas centrales: el primero, la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia; el segundo, la designación por el titular del Poder Ejecutivo de una persona que forme parte del Consejo de la Judicatura Estatal y el nombramiento de otra persona por parte del Poder Legislativo del Estado que forme parte de ese Consejo. De acuerdo con la reforma, se crea una Comisión Especial que integrará las ternas para la designación, por parte del Congreso del Estado, de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sin necesidad de concursar mediante examen de oposición. Lo anterior constituye un grave error, por las siguientes razones:
Primero: al suprimir el examen de conocimientos no se tiene la certeza de que los aspirantes estén plenamente capacitados para desempeñar tan delicada labor como es la de impartir justicia de calidad, adecuada y de excelencia en la última instancia judicial estatal. Entonces, quedará al criterio subjetivo de los integrantes de esa comisión especial -conformada por un representante de cada uno de los tres poderes-, el determinar quiénes conforman las ternas. Si hace años, con el tristemente célebre exgobernador Duarte, se corrieron a varios magistrados (perdón, se les obligó al retiro), para designar a otros, supuestamente para “oxigenar” al Poder Judicial, ahora con esta reforma se van a nombrar magistradas y magistrados que “fortalezcan” la judicatura; o sea magistrados “fortalecedores”. Es obvio que van a imperar criterios políticos para su designación. Nadie se traga el cuento de que con esto se va a democratizar la justicia.
Segundo: Con esto se da un golpe severo al servicio civil de carrera, porque se vulneran los derechos de personas que han servido por muchos años en el Poder Judicial, con probada honestidad y capacidad, quienes en igualdad de circunstancias con personas ajenas a dicho poder deberían tener prioridad.
En cuanto a la integración del Consejo de la Judicatura, subsiste la norma de que esté formado por dos personas designadas por el Poder Judicial, una persona nombrada por el gobernador (en este caso por la gobernadora) y una más por el Congreso. El quinto integrante es quien ocupe la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, sigue la intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Judicial.
Cabría preguntarnos si para ser muy democráticos se debería reformar la ley para que los integrantes del gabinete del gobernador en turno fueran designados por el Congreso, de entre ternas elaboradas por representantes de los tres poderes. Es claro que no habría una iniciativa en ese sentido.
Concluyendo, creo que debe proporcionarse una nueva reforma constitucional en la que se establezca que en la integración de quienes formen parte del Poder Judicial del Estado no intervengan de ninguna forma los otros dos poderes
(*)Abogado. Expresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua y de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados.
