/ domingo 6 de septiembre de 2020

¿Retroceso o control? El PIN Parental

Toda persona tiene el derecho de recibir educación y el Estado mexicano la obligación de impartirla de manera laica, gratuita, obligatoria en los diferentes niveles escolares y, dice la Constitución, que dicha educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.

Actualmente, varias iniciativas de reformas de ley que se promueven en nuestro país parecen regatear esta rectoría del Estado sobre la educación; el planteamiento parece simple, que los padres puedan revisar y aprobar, o no, el contenido de los planes de estudio que se les imparte a sus hijos, al menos en los temas de educación sexual y de igualdad: el llamado PIN Parental.

Este PIN Parental tiene sus orígenes en sociedades españolas ultraconservadoras, es considerado como una herramienta que limita la sexualización o liberalización sexual de la educación; sostiene que los padres deben acotar los contenidos educativos que reciben sus hijos, posicionamiento que consideran a los padres por encima del gobierno, decidiendo cómo se deben educar sus hijos, contemplando una educación con “perspectiva de familia".

Algunas de las asociaciones de padres de familia sostienen que pugnarán porque se aprueben esas modificaciones de ley, que para ellos se justifican en los derechos inalienables de los padres de educar a sus hijos, que no sean inducidos por una educación sexista, promotora de libertinaje e incitación de conductas lésbico-gays.

Por lo contrario, sectores liberales se oponen a la “intervención” o “censura educativa” de los contenidos y consideran que proporcionar a niños y jóvenes toda la información referente a educación sexual les ayudará a ejercer una sexualidad más informada y evitar, incluso, embarazos en adolescentes; sostienen que la educación debe ser conforme a la realidad social que vive el país, que debe darse el seguimiento de los padres, pero no imponiendo a las nuevas generaciones los principios con los que fueron educados sus progenitores.

Por su parte, el gobierno federal ha emitido un comunicado aclarando que el PIN Parental es inconstitucional, que es contrario a la ley, que la educación es rectoría del Estado y los padres no son dueños de sus hijos, que su derecho se limita a decidir a qué escuela enviarlos.

Este asunto debe analizarse a la luz de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, garantizar que puedan estar bien cuidados por los adultos, pues vemos cada vez más niños y jóvenes expuestos a una diversidad de peligros en una realidad cruda para ellos y ellas; sin embargo, muchos padres de familia dejan en los maestros toda la responsabilidad de educar a sus hijos, muchos ni siquiera se enteran de sus amistades, su participación en redes sociales, contenidos de programas de televisión, series o su intervención en retos absurdos en los que se exponen físicamente ellos y otros participantes.

Estas discusiones se han radicalizado, cada opinión tiene algo de razón; la sociedad debe darse la oportunidad de escucharse, de no polarizar los puntos de vista ni pretender imponer a los otros los propios. Es importante que los representantes populares, padres de familia, maestros y estudiantes busquen puntos medios, en pos de lo que sea mejor para los destinatarios, no por cuestiones religiosas o de ponderaciones personalísimas, ante todo se deben buscar puntos de coincidencia basados en la tolerancia, en la evolución virtuosa a la que debe transitar la sociedad.

Toda persona tiene el derecho de recibir educación y el Estado mexicano la obligación de impartirla de manera laica, gratuita, obligatoria en los diferentes niveles escolares y, dice la Constitución, que dicha educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.

Actualmente, varias iniciativas de reformas de ley que se promueven en nuestro país parecen regatear esta rectoría del Estado sobre la educación; el planteamiento parece simple, que los padres puedan revisar y aprobar, o no, el contenido de los planes de estudio que se les imparte a sus hijos, al menos en los temas de educación sexual y de igualdad: el llamado PIN Parental.

Este PIN Parental tiene sus orígenes en sociedades españolas ultraconservadoras, es considerado como una herramienta que limita la sexualización o liberalización sexual de la educación; sostiene que los padres deben acotar los contenidos educativos que reciben sus hijos, posicionamiento que consideran a los padres por encima del gobierno, decidiendo cómo se deben educar sus hijos, contemplando una educación con “perspectiva de familia".

Algunas de las asociaciones de padres de familia sostienen que pugnarán porque se aprueben esas modificaciones de ley, que para ellos se justifican en los derechos inalienables de los padres de educar a sus hijos, que no sean inducidos por una educación sexista, promotora de libertinaje e incitación de conductas lésbico-gays.

Por lo contrario, sectores liberales se oponen a la “intervención” o “censura educativa” de los contenidos y consideran que proporcionar a niños y jóvenes toda la información referente a educación sexual les ayudará a ejercer una sexualidad más informada y evitar, incluso, embarazos en adolescentes; sostienen que la educación debe ser conforme a la realidad social que vive el país, que debe darse el seguimiento de los padres, pero no imponiendo a las nuevas generaciones los principios con los que fueron educados sus progenitores.

Por su parte, el gobierno federal ha emitido un comunicado aclarando que el PIN Parental es inconstitucional, que es contrario a la ley, que la educación es rectoría del Estado y los padres no son dueños de sus hijos, que su derecho se limita a decidir a qué escuela enviarlos.

Este asunto debe analizarse a la luz de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, garantizar que puedan estar bien cuidados por los adultos, pues vemos cada vez más niños y jóvenes expuestos a una diversidad de peligros en una realidad cruda para ellos y ellas; sin embargo, muchos padres de familia dejan en los maestros toda la responsabilidad de educar a sus hijos, muchos ni siquiera se enteran de sus amistades, su participación en redes sociales, contenidos de programas de televisión, series o su intervención en retos absurdos en los que se exponen físicamente ellos y otros participantes.

Estas discusiones se han radicalizado, cada opinión tiene algo de razón; la sociedad debe darse la oportunidad de escucharse, de no polarizar los puntos de vista ni pretender imponer a los otros los propios. Es importante que los representantes populares, padres de familia, maestros y estudiantes busquen puntos medios, en pos de lo que sea mejor para los destinatarios, no por cuestiones religiosas o de ponderaciones personalísimas, ante todo se deben buscar puntos de coincidencia basados en la tolerancia, en la evolución virtuosa a la que debe transitar la sociedad.