La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el fallo que ordena que de manera inmediata deje de surtir efectos el acuerdo que semanas atrás suscribió el Presidente López junto con los integrantes del gabinetazo, al que se le conoce como el “ decretazo”, en el que se determinó que las obras del gobierno federal, tipificadas como prioritarias y catalogadas como de “seguridad nacional”, no sean auditadas ni transparentadas, de tal suerte que el Ejecutivo federal pretendía que los mexicanos no nos enteremos de las grandes cantidades de dinero provenientes de nuestros impuestos que se aplican y despilfarran, entre otras, en las faraónicas obras de relumbrón, como son el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, que en nada nos beneficiarán como país, por lo contrario, impactan negativamente en varios rubros como el de la inversión nacional y extranjera, el turismo, la seguridad, el medio ambiente y la ecología, etc.
Era de esperarse que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera revés al decretazo, porque es un acto de abuso de autoridad que violenta el Estado de Derecho y lacera fuertemente el derecho de los mexicanos a estar informados sobre la transparencia de los actos de gobierno, y en qué se gastan los dineros públicos.
Ningún otro presidente se atrevió a tanto, a AMLO se le han dejado pasar el cúmulo de mentiras que se inventa a diario, también las intromisiones en otros poderes, como cuando envía iniciativas de ley dando la orden a sus legisladores de que no les muevan ni un punto ni una coma, pero con el decretazo se voló la barda al pretender quitar de tajo más de dos décadas de trabajo de los mexicanos para exigir transparencia en los actos y obras del gobierno, y que gracias a ello se logró el establecimiento de instituciones de gran importancia como lo es el INAI, que son contrapeso justamente del poder Ejecutivo.
Cabe referir que existe una ley para determinar qué proyectos y obras califican como de “seguridad nacional”, por ende no debe quedar al arbitrio ni al capricho de los gobernantes que obras son catalogadas como tales. Al presidente López le molesta ser exhibido en sus excesos por los periodistas objetivos, que lejos de rendirle pleitesía se basan precisamente en los datos de INAI y de otras instituciones, para dar a conocer la información veraz de la actuación de su gobierno y en qué se gastan los recursos que provienen de nuestros impuestos.
El Ejecutivo federal está obligado, al igual que el resto de los servidores públicos, a transparentar sus acciones y estar conscientes de que a nadie se le ha dado un cheque en blanco para ejercer su función como le pegue en gana, porque los funcionarios y servidores públicos deben hacer sólo lo que la ley les permite, a diferencia de los particulares en los que aplica la máxima de que todo lo que no está prohibido en la ley está permitido.
Aprovecho este espacio para desearles una muy feliz Navidad y que el año venidero derrame un cúmulo de bendiciones para ustedes y sus familias. ¡Felices fiestas!
Integrante de la AECH.
