Cuando se rebasa lo legal y se justifican las modificaciones a las leyes en aras de intereses grupales o particulares, crece la desconfianza justificada en instituciones y en los poderes del Estado, poniéndose en peligro la funcionalidad del Estado de derecho, como conjunto de mecanismos para mantener el orden, la paz y la justicia.
Se encuadra el caso concreto de la aprobación del Congreso de Baja California al modificar la constitución local y las leyes secundarias a capricho del grupo dominante para su beneficio particular, al cambiar de dos años a cinco el mandato para gobernar que el pueblo, que es en quien recae la soberanía, le confirió. Recién pasado el proceso electoral que le dio el triunfo por dos años al candidato de Morena a la gubernatura, en una entrevista la dirigente nacional de Morena mencionó que se iba a buscar que gobierno de Jaime Bonilla se prolongara a cinco años, pensé que era una vacilada, porque implica una violación a los preceptos de la carta magna, y ahora con preocupante asombro, se hizo realidad. La única manera de que se revierta esta arbitrariedad es que se promuevan los juicios correspondientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que últimamente ha venido corrigiendo los desaciertos y errores de los integrantes de la 4ª Transformación, que parecen desconocer la ley, y mucho más grave sería que conociéndola, se la pasen por el arco del triunfo, como sucedió con las estancias infantiles, o con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. ¿Cómo nos quedaría el ojo si entre estos caprichos está el de la relección de López Obrador?
No permitamos que la máxima de que “Nadie por encima de la ley” sea sólo retórica. Se están dejando pasar sin justificación acciones de los integrantes de la 4ª Transformación, que en otros países se calificarían de arbitrarias, frívolas, deshonestas, corruptas y algunas con responsabilidad administrativa, civil y hasta penal.
