La libertad de expresión y los Derechos Humanos se encuentran en constante peligro en América Latina por parte de los gobiernos “populistas” o “autoritarios” bañados en aparente democracia, como está sucediendo en Nicaragua, donde hay cárcel a quien critique a la clase gobernante. Ejemplo que puede cundir.
A finales del mes octubre de este año, el Poder Legislativo nicaragüense aprobó la ley “Especial de Ciberdelitos”, cuyo fin es la “criminalización” de publicaciones en medios de comunicación independientes y redes sociales de contenido considerado por el gobierno como falso con penas de cárcel que van de uno y diez años.
La “ley mordaza” de Daniel Ortega no sólo atenta al quehacer periodístico, también va contra los ciudadanos que hagan críticas al gobierno en las llamadas plataformas digitales.
Ortega tiene un “tridente legislativo” que además de la ley de ciberdelitos está la Ley de Agentes Extranjeros, en la que se bloquea el financiamiento internacional a la sociedad civil y periodistas opositores. Y la tercera ley impondrá penas de cadena perpetua para los “detractores” del régimen.
En los sistemas no democráticos o autoritarios (militares, izquierda o derecha) se “manipula” o controla los procesos electorales, como Venezuela. Y es que a diferencia de los sistemas totalitarios, el papel central no lo juega la ideología, sino el control del poder.
Existe una gran simulación democrática, pues se tolera un “pluralismo limitado” siempre y cuando no sea amenazado el sistema. Al no haber una ideología obligatoria para todos, muchas veces el partido oficialista no juega un papel de reconocimiento a los resultados electorales, ni a la misma oposición. No existe la democracia, pues.
En cuanto a los Derechos Humanos de los trabajadores de medios de comunicación en México, también han sido vulnerados. Estamos en los primeros lugares en el mundo con relación a asesinatos, desapariciones forzadas, atentados y agravios contra los comunicadores, sólo por debajo de Venezuela, Nicaragua, Siria e Irak. Estos dos últimos se encuentran en constante guerra.
Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la ONU, la UNESCO, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los mayores peligros para la libertad de expresión en América.
Adriana Amado realizó una investigación patrocinada por la fundación Konrad Adenaver, denominada:“ El periodismo por los periodistas. Perfiles profesionales en las democracias de América Latina”, en la que afirma:“ En México, en los últimos diez años, la prensa enfrenta una crisis que lo convierten en uno de los países con mayor riesgo para ejercer el periodismo. Y son otros agentes sociales los que determinan y limitan, en gran medida, el desarrollo de un periodismo de calidad”.
Las normas nacionales e internacionales vigentes que regulan la libertad de expresión se encuentran en los artículos 6º y 7º constitucionales; y artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La libertad de expresión es el derecho que tengo a pensar y compartir con otras personas mis ideas, reflexiones y opiniones.
El artículo 6º. Establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Es deber del Estado mexicano es garantizar la libertad de expresión, pues esto abre los espacios para la construcción de una sociedad mejor informada y por lo tanto más libre, participativa y democrática.
Este artículo surge pues de la aportación de ideas y pensamientos de periodistas preocupados por la situación que se vive en materia de libertad de expresión en América Latina, y en especial de México. Hay muchas amenazas de apagar esta luz de libertad, pero en nosotros está el que no se extinga.
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