/ lunes 13 de junio de 2022

Seguro de desempleo en México

Por: Lilia Aguilar Gil

Perder el empleo de un día a otro es algo que a la gran mayoría de las personas nos trunca proyectos y metas en el mejor de los casos, pero en el peor de ellos, significa no contar con recursos para sobrellevar el día a día, es dejar de tener ingresos para pagar la alimentación, la renta, el transporte para buscar otro trabajo, y si existe una familia, la manutención de ésta. Una solución ante este panorama es el seguro del desempleo.

El seguro de desempleo es un apoyo monetario o en especie al trabajador que pierde su empleo, para que pueda buscar trabajo al tiempo que protege la economía de su familia, es un componente del Estado de bienestar contemporáneo probado en 72 países. En México sólo la capital cuenta con él, y este tiene el objetivo de ofrecer un incentivo económico, además de fomentar la reinserción laboral de las personas a través de capacitación y bolsa de trabajo.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reconoce que la existencia de los esquemas de seguro de desempleo ha permitido activar respuestas rápidas ante la pérdida del empleo de los asalariados formales y de paso aliviar la presión sobre los recursos públicos. No obstante, también la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de avanzar hacia esquemas integrados y comprehensivos de protección ante la pérdida del empleo con el fin de ampliar su cobertura hacia los sectores más desprotegidos. Los beneficios de los seguros de desempleo constituyen normalmente el primer apoyo en la fase inicial de desempleo, y sustituyen una proporción de los ingresos previos por un tiempo limitado.

En la región de América Latina y el Caribe ocho países disponen de este instrumento: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Ecuador, Jamaica, Uruguay y Venezuela, donde no sólo se tienen el objetivo de sustituir temporalmente los ingresos, sino que son un gran apoyo a la búsqueda de un nuevo empleo, y superando una política pasiva, pues son parte de una política activa de mercados de trabajo.

En México, en 2013, la Cámara de Diputados había aprobado una modificación al artículo 123 para incluir el seguro de desempleo como un derecho de los trabajadores, sin embargo, se quedó en el Senado en la congeladora y no se llegó a concretar. Y esto a pesar de que, en México, incluso la Constitución de 1917, preveía un seguro por “cesación involuntaria del trabajo”, pero éste nunca se implantó como un seguro de desempleo.

En días pasados en la Comisión de Seguridad Social, remitimos una opinión favorable acerca de una iniciativa de ley que busca reformar la Ley General de Desarrollo Social, para establecer la obligación del Gobierno Federal para crear y mantener un programa de desarrollo social que otorgue protección contra el desempleo, a través de un seguro contra el desempleo que garantice a la población que pierda su trabajo, un ingreso por un máximo de seis meses, que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la tasa decreció en 21 estados respecto a los niveles registrados al cierre de 2019. En Chihuahua, los niveles de desocupación laboral crecieron .30 puntos porcentuales para ubicarse en el 2.87% de la población, lo cual representa que 50 mil 950 personas están en desempleo.

No se trata de “facilitarle” la vida a quienes se han quedado sin empleo ni mucho menos de fomentar la “ociosidad”, un seguro de desempleo, planeado y diseñado como parte de una política activa de mercados de trabajo, considerando las mejores prácticas en otras latitudes, ayudará a las personas a enfrentar una situación que puede ser desastrosa para la gran mayoría de la población.

Por: Lilia Aguilar Gil

Perder el empleo de un día a otro es algo que a la gran mayoría de las personas nos trunca proyectos y metas en el mejor de los casos, pero en el peor de ellos, significa no contar con recursos para sobrellevar el día a día, es dejar de tener ingresos para pagar la alimentación, la renta, el transporte para buscar otro trabajo, y si existe una familia, la manutención de ésta. Una solución ante este panorama es el seguro del desempleo.

El seguro de desempleo es un apoyo monetario o en especie al trabajador que pierde su empleo, para que pueda buscar trabajo al tiempo que protege la economía de su familia, es un componente del Estado de bienestar contemporáneo probado en 72 países. En México sólo la capital cuenta con él, y este tiene el objetivo de ofrecer un incentivo económico, además de fomentar la reinserción laboral de las personas a través de capacitación y bolsa de trabajo.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reconoce que la existencia de los esquemas de seguro de desempleo ha permitido activar respuestas rápidas ante la pérdida del empleo de los asalariados formales y de paso aliviar la presión sobre los recursos públicos. No obstante, también la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de avanzar hacia esquemas integrados y comprehensivos de protección ante la pérdida del empleo con el fin de ampliar su cobertura hacia los sectores más desprotegidos. Los beneficios de los seguros de desempleo constituyen normalmente el primer apoyo en la fase inicial de desempleo, y sustituyen una proporción de los ingresos previos por un tiempo limitado.

En la región de América Latina y el Caribe ocho países disponen de este instrumento: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Ecuador, Jamaica, Uruguay y Venezuela, donde no sólo se tienen el objetivo de sustituir temporalmente los ingresos, sino que son un gran apoyo a la búsqueda de un nuevo empleo, y superando una política pasiva, pues son parte de una política activa de mercados de trabajo.

En México, en 2013, la Cámara de Diputados había aprobado una modificación al artículo 123 para incluir el seguro de desempleo como un derecho de los trabajadores, sin embargo, se quedó en el Senado en la congeladora y no se llegó a concretar. Y esto a pesar de que, en México, incluso la Constitución de 1917, preveía un seguro por “cesación involuntaria del trabajo”, pero éste nunca se implantó como un seguro de desempleo.

En días pasados en la Comisión de Seguridad Social, remitimos una opinión favorable acerca de una iniciativa de ley que busca reformar la Ley General de Desarrollo Social, para establecer la obligación del Gobierno Federal para crear y mantener un programa de desarrollo social que otorgue protección contra el desempleo, a través de un seguro contra el desempleo que garantice a la población que pierda su trabajo, un ingreso por un máximo de seis meses, que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la tasa decreció en 21 estados respecto a los niveles registrados al cierre de 2019. En Chihuahua, los niveles de desocupación laboral crecieron .30 puntos porcentuales para ubicarse en el 2.87% de la población, lo cual representa que 50 mil 950 personas están en desempleo.

No se trata de “facilitarle” la vida a quienes se han quedado sin empleo ni mucho menos de fomentar la “ociosidad”, un seguro de desempleo, planeado y diseñado como parte de una política activa de mercados de trabajo, considerando las mejores prácticas en otras latitudes, ayudará a las personas a enfrentar una situación que puede ser desastrosa para la gran mayoría de la población.