Por Francisco Javier Pizarro Chávez
Como es de conocimiento público, se ha desatado, en torno al proceso de las elecciones intermedias del 6 de junio que inician este 4 de abril, una aguda confrontación política entre partidos y coaliciones que aspiran asumir el poder legislativo, gubernaturas, alcaldías, la cual ha exacerbado aún más, la polarización social entre los de “arriba” y los de “abajo”, esto es, entre la oligarquía y el pueblo.
Queda claro que los de “arriba” quieren recuperar el poder del Estado para seguir gobernando como antes lo hacían y a la par, que los de “abajo” no quieren seguir viviendo como antes. Eso es lo que está en juego en estas elecciones, de eso no hay la menor duda.
La polarización política electoral en ciernes ha creado una enorme confusión entre lo que es el pluralismo político y la justicia social, ejes fundamentales de toda auténtica sociedad democrática.
El pluralismo es inherente a todo proceso electoral democrático, mediante el cual se expresa y difunde a los ciudadanos la multiplicidad de opiniones y puntos de vista políticos, económicos, religiosos, académicos, de partidos y candidatos, --lo que considero es lo más relevante para los electores--, ya que amortigua los conflictos sociales de grupos minoritarios y mayoritarios con intereses contrapuestos, siempre y cuando se apeguen a la legalidad por la vía pacífica, la Constitución y la equidad de minorías y mayorías en los comicios.
La polarización política, por lo contrario, exacerba el entramado social y fomenta la desigualdad social de los “arriba y los de abajo” (ricos y los pobres); los niveles de vida de los trabajadores y la oligarquía; los campesinos y latifundistas y también, por si fuera poco, la discriminación racial de las etnias y sus tradiciones culturales, y sus modos de vida comunitarios, lo cual, vulnera los derechos humanos y la soberanía real y auténtica de la sociedad.
Tan es así, que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías de su protección”.
Y, por si fuera poco. Existe también una aguda confrontación entre el poder económico y el poder del Estado; esto es, entre el neoliberalismo y la 4ta Transformación, a la que el Poder Judicial ha dado cauce con el amparo y suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica, el petróleo y la minería.
Cierto es que el presidente de la República cuenta con la legitimidad institucional y el apoyo de millones de mexicanos de los de “abajo”; pero también enfrenta una embestida de los de “arriba”, que a toda costa pretenden desestabilizar su gobierno y ponerles freno a sus políticas de bienestar social.
No entienden que sin justicia social la democracia a la que apelan es una falacia; que su polarización electoral es un fraude del pluralismo faccioso del INE y el Poder Judicial, y una fuente de segregación del ser social y la nación.
