Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era jefe de Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo a la organización civil Impunidad Cero, pensaba que una de las medidas efectivas para arrancar la corrupción, desde la raíz, era a través de una sola instancia que administrara las contrataciones públicas de servicios y obras del gobierno federal. Ya como presidente, con su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, estableció un plan para que las compras públicas pasaran a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Pero algo salió mal. Deshacer el modelo de compra consolidada de medicamentos que, con ahorros de 21 mil 361 millones de pesos, realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2013-2018, no sólo para sí misma, sino para el ISSSTE, Pemex, las secretarías de la Defensa (Sedena) y Marina (Semar), Secretaría de Salud (SSA) y los gobiernos estatales que desearan adherirse, comenzó por dar origen al desabasto de medicamentos oncológicos para el tratamiento de los más de 20 mil niños y adolescentes, y a la muerte de 1,600 de ellos, de mediados del 2020, a la fecha.
De acuerdo al informe Operación Desabasto, varias han sido las razones que explican esta carencia, precisamente, en el peor de los momentos de una pandemia mundial, y de la que no parece que el gobierno federal muestre signos de querer rectificar el rumbo: acciones sin estudios ni programas pilotos que anticipen fallas en el desabasto; ausencia de nuevos proveedores; falta de análisis de sus capacidades de producción y distribución; reformas al vapor y sin reglas; y batallas contra productores y distribuidores en base a suposiciones presidenciales, no en evidencias.
Y por su parte, los gobiernos estatales, ya sin la posibilidad de unirse a las compras del IMSS, a partir del 1 de enero de 2019, cada cual tendría que adquirir medicamentos por su cuenta. Los primeros efectos del desabasto se vieron en los antirretrovirales contra el VIH y el metotrexato, importante para tratar el cáncer infantil. Por un lado, se criticó por la oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, la compra consolidada del IMSS 2018-2019, aunque sin decir que el equipo de transición de AMLO participó en ella. Y por otro, la SHCP y SSA garantizaban que el abasto estaba asegurado.
Y se trataba de asegurar con compras de emergencia en el extranjero, como con el metotrexato, pero sin registro sanitario de la Cofepris. Aparte, los estados dejaban de recibir recursos desde el Insabi, a falta de definición del Seguro Popular, origen del financiamiento principal para los tratamientos de cáncer para hospitales estatales. El 23 de enero de 2020 se diría que otros culpables eran médicos y directivos de hospitales. Al final, este nuevo modelo de compras no ha sido exitoso ni garantizará que todos los medicamentos contra el Covid-19 se tengan en los próximos meses.
Lo que buscaba eliminar la corrupción, al final, no midió los efectos en pérdida de vidas. Y no sólo eso. Si agregamos pagos a empresas “fantasma”, incremento en las adjudicaciones directas, investigaciones de mercado incompletas, compras con defectos y retrasos en la publicación de las convocatorias, sin duda, seguirán alimentando la corrupción producida por el desabasto. Vaya que aún queda trabajo por hacer.
