“En todo este proceso, largo, difícil, pero esperanzador de la reconciliación, resulta indispensable también asumir la verdad” (Papa Francisco)
El 30 de junio de 2014, una patrulla del Ejército Mexicano tuvo un enfrentamiento cuando presuntamente pretendía liberar a tres personas secuestradas en una bodega en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya en el Estado de México. El saldo fue de 22 personas muertas y un militar herido.
La Procuraduría del Estado de México informó que fue un enfrentamiento, donde hubo intercambio de disparos, sin embargo, reporteros de medios no encontraron señales de tal intercambio ya que al menos en cinco puntos de las paredes interiores de la bodega había impactos de bala rodeados de salpullidos de sangre. Como si los disparos fueran hechos contra personas pegadas a la pared.
El Ejército informó oficialmente que siete soldados y un teniente fueron arrestados por estos hechos y llevados a una prisión militar acusados de desobediencia y negligencia en el cumplimiento de su deber, mientras Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, anunció la formulación de cargos por homicidio en contra de tres soldados.
Días después, el 26 de septiembre del mismo 2014, varios jóvenes estudiantes de la escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, así como jugadores del equipo de futbol Avispones, de la Tercera División Profesional, se encontraban realizando una protesta en el Zócalo de Iguala cuando fueron atacados presuntamente por policías municipales y sicarios en Iguala, con saldo de seis muertos y 43 desaparecidos.
A la fecha las autoridades no han dado a conocer exactamente qué sucedió con esos jóvenes desaparecidos y las familias continúan en protestas y reuniones permanentes ante un gobierno que los escucha revirtiendo las mentiras y falsedades que les contaron en la administración del expresidente Peña Nieto ante una “verdad histórica” difundida por el entonces procurador general de la República, Murillo Karam, que contenía tantas inconsistencias que fue imposible darle credibilidad ante la pretensión de cerrar la investigación, lo que no fue permitido por las familias de las víctimas.
Lo único con lo que contaban era con los discursos del presidente Peña Nieto y del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, donde la demagogia y las promesas contrastaban con la exigencia social de esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables y la demostración en la práctica de la presunta lucha contra la corrupción y la impunidad.
Las demandas planteadas por la sociedad de la presentación de los desaparecidos, la investigación rápida y coordinada de los hechos, y el castigo a los actores materiales e intelectuales no se pueden quedar sin respuesta. El Estado mexicano está obligado a cumplir con la ciudadanía dentro del aspecto legal y humano con sus demandas de justicia. Tarea importante representa el sanear, desde sus entrañas, el área del sistema mexicano que permite la colusión entre políticos y crimen organizado ante una ciudadanía que cada vez se encuentra más vulnerable a sus demenciales actos.
En nuestro “estado grande” hay varios pendientes, no olvidamos el grito; ¡Justicia para Miroslava!
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