Por: René Moreno Medina
El corazón de los esfuerzos del trabajo en el combate a la corrupción en el estado de Chihuahua se aterriza en un documento rector que se llama Política Estatal Anticorrupción.
Este viernes 17 de diciembre se cumplieron 365 días desde que se mandó a que las cabezas políticas aprobaran este documento, que fue hecho, a diferencia de la mayoría de propuestas, desde las personas comunes. Es decir, el corazón de la lucha anticorrupción en Chihuahua está frenado desde hace 12 meses.
Seis instituciones han atrasado aprobar los compromisos en combate a la corrupción para los próximos 10 años, estas son: la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, el Ichitaip, el Consejo de la Judicatura del Estado, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.
Arrancamos el 2021 siendo de los primeros estados en tener una propuesta de política anticorrupción elaborada y cerramos el año siendo uno de los últimos 13 estados sin Política Anticorrupción.
Se preguntarán por qué no lo han aprobado, y es que este documento fue hecho mediante un ejercicio único en el país llamado: Jurado Ciudadano, el cual consistió en invitar a 10 mil personas comunes del estado como tú y como yo, de las cuales se eligieron de forma aleatoria a 40 de ellas para que fueran una muestra que se parezca a las personas que habitamos el estado de Chihuahua y a las que casi nunca se nos toma en cuenta para opinar y menos para crear los planes de cómo las instituciones trabajarán en un tema en particular. A estas 40 personas se les capacitó en temas como pensamiento crítico, se les dio información suficiente y se les acompañó de un grupo de personas expertas en la materia y de personas funcionarias de gobierno que trabajan en las áreas de combate a la corrupción para que decidieran después de largas jornadas de deliberación las posibles soluciones al problema de la corrupción que nos afecta a todos en el estado.
Este tipo de ejercicios no son únicos en el mundo y hay más de 200 casos de éxito en países de todos los tamaños donde se han discutido y deliberado soluciones a temas tan polarizantes y complejos como la migración, el cambio climático y qué hacer con los desechos nucleares. Esto porque está probado que la inteligencia colectiva y diversa siempre es superior a los paneles de expertos, por algo que se llama diversidad epistemológica, que en lenguaje de calle significa: muchas personas de diversas experiencias de vida piensan mejor que un puñado de especialistas.
Pero parece que justo porque esta política proviene desde las personas comunes y no desde un escritorio de burócratas, no les gusta y no la quieren aprobar, cuando previo al ejercicio esas mismas cabezas habían aprobado y sabían de qué forma se llevaría el ejercicio de creación del documento. El problema a futuro será el no tener en la hoja de ruta del estado acciones que tomen en cuenta las necesidades más sentidas por la población del estado en materia de combate a la corrupción. Parece que no ven la importancia e incluso la conveniencia de escuchar a las personas y desde esos sentires y pensares llevar las posibles soluciones a este tema tan complejo.
Estamos a semanas de iniciar un nuevo año y es la oportunidad para las instituciones de cambiar el rumbo, de aprobar y comprometerse con un documento innovador y único, propuesto desde la diversidad y la inteligencia colectiva o seguir perdiendo meses simulando que hay interés en combatir la corrupción dándole la espalda a las personas.
La decisión queda en el escritorio de las instituciones. La historia juzgará a cada parte.
