Felicitaciones a la Universidad Autónoma de Chihuahua, particularmente al rector Mtro. Luis Fierro y a los directores de las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas, por el desarrollo del Diplomado en Periodismo de Prevención. Enhorabuena.
Los fideicomisos son figuras jurídicas ampliamente reguladas. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece cómo se crean y funcionan. ¿Cuál puede ser el objeto del contrato y quiénes sus beneficiarios?
La estricta regulación permite garantizar que la fiduciaria administre de manera correcta el contrato en beneficio de los fideicomisarios.
En materia de apoyo al periodismo y la libertad de expresión, fin lícito para lo cual se puede constituir el fideicomiso, el caso de Guerrero permite pensar en un consejo de administración, que determine aspectos de manejo y su funcionamiento.
Este consejo debería constituirse con representantes de los sectores público, social y privado y no solamente con representación del Gobierno del Estado y de las organizaciones periodísticas.
¿Quiénes deben ser esos integrantes? Por la administración estatal, en quien recae la responsabilidad de la administración de la mayor parte del presupuesto autorizado, Secretaría de Hacienda, como elemento técnico, y la Secretaría General, como elemento de sensibilidad política. Un representante de los poderes Legislativo y Judicial. Un representante de los organismos constitucionales autónomos, que también contribuirían a la conformación del fideicomiso, en una representación rotativa que podría ser anual. Un representante de las cámaras empresariales, que lo puede ser el titular del Consejo Coordinador Empresarial en turno. Un representante de las empresas periodísticas, de comunicación o información. Y tres representantes de organizaciones de periodistas.
Esta conformación permitiría a sus integrantes ponerse de acuerdo, y en caso de empate, acudir al voto de calidad del presidente del consejo, que lo sería el Ejecutivo estatal, quien al final tiene la responsabilidad constitucional y legal de la administración de la mayor porción de recursos públicos.
Una conformación plural de esta naturaleza daría una riqueza de discusión al consejo al momento de plantear los planes anuales de destino de los recursos recabados, con lo cual se garantiza una vigilancia, supervisión y evaluación adecuada del programa.
Es lógico, como ya dijimos que se integre la representación de los tres poderes del estado a la administración del fideicomiso, así como los órganos constitucionales autónomos por ser los principales ejecutores del gasto en materia de comunicación y marketing gubernamental. Pero también lo es que exista una representación rotativa de las empresas de comunicación e información, que como cabezas de los mass media tienen una visión clara en aspectos de capacitación y desarrollo profesional, que se verá enriquecida con una representación social empresarial y la intervención directa de los beneficiarios del programa a través de las organizaciones periodísticas.
El consejo podría reunirse cada tres meses a dar seguimiento al ejercicio de los recursos y la atención de los programas establecidos en el plan anual previamente establecido, mediante un reglamento que garantice voz y voto a sus integrantes, en reuniones cuyos acuerdos sean públicos y transparentes.
¿Cuál sería el objeto del fideicomiso? Fortalecer la libertad de expresión a través del periodismo, con lo cual se cumplen postulados constitucionales, como la transparencia, la rendición de cuentas, y el derecho a la información.
Pero además, se cubren aspectos que resultan metajurídicos de gran relevancia: el fortalecimiento de la democracia y la construcción de un periodismo con aliento crítico y social.
Estos objetivos se cumplen afectando los recursos fideicomitidos -que es un porcentaje del gasto de publicidad y marketing- a la capacitación, desarrollo profesional, impulso del emprendedurismo, apoyo a la pequeña y mediana empresa, salud, desarrollo social, entre otras acciones.
Considerar al periodismo como población vulnerable no debe asustar a nadie. Colombia lo hizo en momentos críticos y aún lo sigue reconociendo, por la situación permanente de ataque a la libertad de expresión.
En México, con más de cien periodistas asesinados del 2000 a la fecha, diez en 2017, nadie puede dudar que el periodismo, como acción positiva de libertad de expresión, requiere un impulso y protección, bajo criterios transparentes y sin sesgo político alguno.
