/ miércoles 20 de septiembre de 2017

Un fideicomiso sin carga adicional a los ciudadanos

Mi más sentido pésame a mi muy estimado amigo y colega Enrique Rodríguez Vázquez y a su apreciable familia, por el sensible fallecimiento de su señor padre don Francisco Rodríguez Gallegos. Descanse en paz.

 

La propuesta de un fideicomiso para impulsar acciones de fortalecimiento del periodismo y la libertad de expresión está muy alejado de una carga adicional al presupuesto público del estado.

Se busca que se afecte con un porcentaje el presupuesto que ya se encuentra contemplado en materia de publicidad por parte de los tres poderes del estado y sus organismos descentralizados, así como organismos autónomos.

El presupuesto contemplado por el estado en materia de comunicación es por alrededor de los mil 400 millones de pesos, aunque se ha manifestado que de ese total sólo se ejercerían este año entre doscientos y cuatrocientos millones.

A esa cantidad habría que agregar el recurso que el Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como organismos descentralizados y organismos autónomos destinan para divulgar sus acciones de gobierno.

Se trata de no generar una nueva carga impositiva a los ciudadanos y que el fideicomiso se nutra de los mismos gastos de comunicación social, particularmente publicidad y marketing, que ejercen estos niveles de gobierno.

La lógica de considerar este rubro como mecanismo de financiamiento es que la comunicación social oficial se sirve de los medios de comunicación y sus trabajadores, para cumplir sus fines de comunicación, información y propaganda, por lo tanto, es legítimo que ese rubro retorne a los trabajadores de la comunicación e información acciones de naturaleza social, salud, educación e incluso emprendimiento empresarial.

Ejemplos de aportaciones de esta naturaleza los existen a nivel estatal. Por ejemplo, se paga un porcentaje de impuesto para financiar gasto de la educación universitaria, recursos que han ayudado de manera fundamental a fortalecer las finanzas de las universidades públicas de Chihuahua y Juárez.

Nadie duda que el impuesto universitario es de gran ayuda y utilidad para apoyar las acciones que realizan las universidades públicas del estado.

Lo mismo ocurrirá con la publicidad. No se trata de afectar los ingresos de las empresas que prestan servicios de comunicación. Sería este un impuesto con cargo a las mismas dependencias del sector público, y de ninguna manera un traslado a las empresas de comunicación e información.

Para lograr la creación del fideicomiso se recomienda la emisión de una ley por parte del Congreso del Estado para que se afecte un porcentaje de los egresos en materia de comunicación e información, particularmente la publicidad y el marketing gubernamental.

Por tanto, no sería afectado únicamente el anuncio publicitario, sino cualquier acción de marketing, un póster, una barda o un espectacular.

Esos recursos etiquetados serían destinados al ejercicio de acciones de fortalecimiento del periodismo, a través de un fideicomiso público integrado por representantes de organizaciones de periodistas y funcionarios públicos, en una mezcla que permita un manejo responsable de los ingresos recibidos.

La propuesta entraña un círculo virtuoso: las empresas periodísticas se ven favorecidas porque sus empleados, reporteros, redactores, editores, diseñadores, publicistas, fotógrafos, camarógrafos, conductores, webmaster, todos ellos, elevan su nivel de desempeño.

Las personas que leen, ven o escuchan medios de comunicación, reciben un mejor producto, con lo cual se cumplen fines del derecho a la información, fortaleciéndose la masa crítica de la sociedad, y por tanto, contribuyendo a la elevación de los estándares democráticos.

Hay otros beneficiarios de un fideicomiso de esta naturaleza: por ejemplo las mismas universidades públicas, que a través de sus dependencias especializadas en comunicación, podrán ofrecer cursos, talleres, diplomados, licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados, con el apartado financiero resuelto.

Un ingrediente adicional debe señalarse en pro de la propuesta de fideicomiso: la protección a los periodistas transita por acciones integrales y no por acciones aisladas, como son los programas de medidas cautelares, que son reactivas y no proactivas al problema fundamental que plantea el ejercicio de la libertad de expresión, que tiene que ver con un desempeño honesto, ético, responsable, profesional y valiente.

Todo esto sin desdeñar la importancia de medidas cautelares que son post y no preventivas, que deben conservarse y fortalecerse, sin duda, pero que son remediales y desafortunadamente tardías en la mayoría de los casos.

Sígueme en: http://robertopinon.blogspot.mx y en YouTube.

Mi más sentido pésame a mi muy estimado amigo y colega Enrique Rodríguez Vázquez y a su apreciable familia, por el sensible fallecimiento de su señor padre don Francisco Rodríguez Gallegos. Descanse en paz.

 

La propuesta de un fideicomiso para impulsar acciones de fortalecimiento del periodismo y la libertad de expresión está muy alejado de una carga adicional al presupuesto público del estado.

Se busca que se afecte con un porcentaje el presupuesto que ya se encuentra contemplado en materia de publicidad por parte de los tres poderes del estado y sus organismos descentralizados, así como organismos autónomos.

El presupuesto contemplado por el estado en materia de comunicación es por alrededor de los mil 400 millones de pesos, aunque se ha manifestado que de ese total sólo se ejercerían este año entre doscientos y cuatrocientos millones.

A esa cantidad habría que agregar el recurso que el Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como organismos descentralizados y organismos autónomos destinan para divulgar sus acciones de gobierno.

Se trata de no generar una nueva carga impositiva a los ciudadanos y que el fideicomiso se nutra de los mismos gastos de comunicación social, particularmente publicidad y marketing, que ejercen estos niveles de gobierno.

La lógica de considerar este rubro como mecanismo de financiamiento es que la comunicación social oficial se sirve de los medios de comunicación y sus trabajadores, para cumplir sus fines de comunicación, información y propaganda, por lo tanto, es legítimo que ese rubro retorne a los trabajadores de la comunicación e información acciones de naturaleza social, salud, educación e incluso emprendimiento empresarial.

Ejemplos de aportaciones de esta naturaleza los existen a nivel estatal. Por ejemplo, se paga un porcentaje de impuesto para financiar gasto de la educación universitaria, recursos que han ayudado de manera fundamental a fortalecer las finanzas de las universidades públicas de Chihuahua y Juárez.

Nadie duda que el impuesto universitario es de gran ayuda y utilidad para apoyar las acciones que realizan las universidades públicas del estado.

Lo mismo ocurrirá con la publicidad. No se trata de afectar los ingresos de las empresas que prestan servicios de comunicación. Sería este un impuesto con cargo a las mismas dependencias del sector público, y de ninguna manera un traslado a las empresas de comunicación e información.

Para lograr la creación del fideicomiso se recomienda la emisión de una ley por parte del Congreso del Estado para que se afecte un porcentaje de los egresos en materia de comunicación e información, particularmente la publicidad y el marketing gubernamental.

Por tanto, no sería afectado únicamente el anuncio publicitario, sino cualquier acción de marketing, un póster, una barda o un espectacular.

Esos recursos etiquetados serían destinados al ejercicio de acciones de fortalecimiento del periodismo, a través de un fideicomiso público integrado por representantes de organizaciones de periodistas y funcionarios públicos, en una mezcla que permita un manejo responsable de los ingresos recibidos.

La propuesta entraña un círculo virtuoso: las empresas periodísticas se ven favorecidas porque sus empleados, reporteros, redactores, editores, diseñadores, publicistas, fotógrafos, camarógrafos, conductores, webmaster, todos ellos, elevan su nivel de desempeño.

Las personas que leen, ven o escuchan medios de comunicación, reciben un mejor producto, con lo cual se cumplen fines del derecho a la información, fortaleciéndose la masa crítica de la sociedad, y por tanto, contribuyendo a la elevación de los estándares democráticos.

Hay otros beneficiarios de un fideicomiso de esta naturaleza: por ejemplo las mismas universidades públicas, que a través de sus dependencias especializadas en comunicación, podrán ofrecer cursos, talleres, diplomados, licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados, con el apartado financiero resuelto.

Un ingrediente adicional debe señalarse en pro de la propuesta de fideicomiso: la protección a los periodistas transita por acciones integrales y no por acciones aisladas, como son los programas de medidas cautelares, que son reactivas y no proactivas al problema fundamental que plantea el ejercicio de la libertad de expresión, que tiene que ver con un desempeño honesto, ético, responsable, profesional y valiente.

Todo esto sin desdeñar la importancia de medidas cautelares que son post y no preventivas, que deben conservarse y fortalecerse, sin duda, pero que son remediales y desafortunadamente tardías en la mayoría de los casos.

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