Por: Lilia Aguilar Gil
Un nuevo gobierno o administración implica casi siempre cambios, los cuales son justificados con objetivos que buscan la mejoría en su funcionamiento y, por ende, en la vida de las y los ciudadanos. Las premisas, sin embargo, obedecen a la visión y marco teórico de quien las propone y, por tanto, no siempre se justifican para todas.
La gobernadora electa hizo uso de su derecho a proponer estos cambios y hoy el Congreso estará votando reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Yo me detendré en un par de temas que merecen atención y seguimiento.
Uno de ellos es lo que implica el agregado a la hasta hoy Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, a la cual se le suma “…y a la Familia”. El agregado parece hasta loable y está en concordancia con la importancia que a lo largo de la reforma da a la familia, sin embargo, al mismo tiempo es un retroceso para la justicia hacia las mujeres que tenemos décadas exigiendo.
De entrada, debemos reconocer que el funcionamiento de esta fiscalía ha dejado mucho que desear en la práctica, la falta de capacitaciones, de personal especializado y de presupuesto limitan de forma significativa la ansiada justicia que colectivos de mujeres demandan desde la década de los 90.
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que las fiscalías especializadas no son concesiones, son el resultado de luchas ganadas contra impunidad que prevalecía aún más rampante que hoy en torno a la violencia hacia las mujeres. Por tanto, el agregado, “…y a la Familia” significa una institución menos enfocada en investigar, atender y erradicar la violencia de género.
Contrario a la “desespecialización” que sufrirá la fiscalía, la reforma debería enfocarse en fortalecer sus acciones y labores en la protección y seguridad de las mujeres, y que verdaderamente se aplique la perspectiva de género, y se brinde acceso a la justicia. Estamos pues ante un retroceso que aleja más aún la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
El otro tema es el agregado a las funciones de la nueva “Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común”, el cual señala: “Promover acciones para fortalecer el desarrollo de la familia que incluyen el diseño, instrumentación, evaluación y seguimiento de programas tendentes a fomentar el desarrollo integral desde el embarazo…”.
La anterior frase es una tímida pero contundente imposición ideológica acerca de que la vida humana inicia desde la fecundación, y esto no es más que una creencia, pues no existe evidencia científica que así lo haya determinado, lo que hay son posiciones respecto a este debate, no más.
A lo largo de esta propuesta se habla del “interés superior del menor” como la máxima por la cual, aparentemente, se guiará el nuevo funcionamiento administrativo, sin embargo, propuestas como el pin parental, apoyado públicamente por el partido en el gobierno estatal, ningunean el tan citado interés superior del menor.
La aprobación de estas reformas es inminente y el tiempo será quien mejor determine si las reformas son un paso atrás o un paso adelante para las y los chihuahuenses.
