/ martes 23 de enero de 2018

Una Marcha por la Dignidad

Dentro del trabajo de las organizaciones sociales, ha sido tradicional la organización de marchas, plantones y eventos que ubiquen el planteamiento de demandas por incumplimiento de los gobernantes en los terrenos del ejecutivo, del legislativo o del judicial y sólo ha sido por conveniencia política cuando surge de partidos políticos o gobernantes inconformes.

 

Aunque no podemos dejar de lado las simulaciones, como la realizada hace algunas semanas en la famosa “marcha por la dignidad indígena”, que sólo buscó apoyos materiales y económicos, muriendo a escasos 15 kilómetros de su línea de salida y dejando en el abandono a cientos de indígenas que creyeron en ella, que una vez más fueron burlados por sus propios líderes y autoridades de gobierno.

 

Por ello nos parece inadmisible que la marcha por la dignidad que encabeza Javier Corral, sólo busque los millones que no les dieron y la “justicia” para Chihuahua que sólo se ubica en el tema del saqueo de la administración pasada, cuando hay temas fundamentales de dignidad humana como el olvido indígena, ya que no han sido capaces de construir una verdadera ley indígena que proteja sus derechos y le devuelvan su dignidad pisoteada a más de 100 mil indígenas de las cuatro etnias, que viven en territorio chihuahuense.

 

A pesar de haberse promulgado el 29 de junio del 2013, de haber fenecido el término para la elaboración de su reglamentación establecido en 500 días hábiles, de suponerse vigente para el estado, la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (Ley Indígena) es letra muerta porque no es difundida, respetada ni ejecutada por los niveles de gobierno, que siguen desconociendo las facultades de las autoridades indígenas, sus usos y costumbres, así como los escasos planteamientos que establece la ley en esta materia para la tutela y protección de sus más elementales derechos.

 

Ante esto; ¿cómo atreverse a plantear una marcha por la dignidad por parte del Gobierno del Estado, cuando es precisamente este ente el encargado de mantener la violación a la dignidad indígena, cuando el Estado está sumido en la inseguridad, cuando la gente padece el encarecimiento de muchos productos y servicios, o cuando desde la Dirección de Tránsito y Vialidad sigue la corrupción y la impunidad en todo su esplendor?

 

¡Faltan muchos temas y demandas en esa dichosa marcha por la dignidad!...

 

Correo: vicmedina@hotmail.com

Dentro del trabajo de las organizaciones sociales, ha sido tradicional la organización de marchas, plantones y eventos que ubiquen el planteamiento de demandas por incumplimiento de los gobernantes en los terrenos del ejecutivo, del legislativo o del judicial y sólo ha sido por conveniencia política cuando surge de partidos políticos o gobernantes inconformes.

 

Aunque no podemos dejar de lado las simulaciones, como la realizada hace algunas semanas en la famosa “marcha por la dignidad indígena”, que sólo buscó apoyos materiales y económicos, muriendo a escasos 15 kilómetros de su línea de salida y dejando en el abandono a cientos de indígenas que creyeron en ella, que una vez más fueron burlados por sus propios líderes y autoridades de gobierno.

 

Por ello nos parece inadmisible que la marcha por la dignidad que encabeza Javier Corral, sólo busque los millones que no les dieron y la “justicia” para Chihuahua que sólo se ubica en el tema del saqueo de la administración pasada, cuando hay temas fundamentales de dignidad humana como el olvido indígena, ya que no han sido capaces de construir una verdadera ley indígena que proteja sus derechos y le devuelvan su dignidad pisoteada a más de 100 mil indígenas de las cuatro etnias, que viven en territorio chihuahuense.

 

A pesar de haberse promulgado el 29 de junio del 2013, de haber fenecido el término para la elaboración de su reglamentación establecido en 500 días hábiles, de suponerse vigente para el estado, la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (Ley Indígena) es letra muerta porque no es difundida, respetada ni ejecutada por los niveles de gobierno, que siguen desconociendo las facultades de las autoridades indígenas, sus usos y costumbres, así como los escasos planteamientos que establece la ley en esta materia para la tutela y protección de sus más elementales derechos.

 

Ante esto; ¿cómo atreverse a plantear una marcha por la dignidad por parte del Gobierno del Estado, cuando es precisamente este ente el encargado de mantener la violación a la dignidad indígena, cuando el Estado está sumido en la inseguridad, cuando la gente padece el encarecimiento de muchos productos y servicios, o cuando desde la Dirección de Tránsito y Vialidad sigue la corrupción y la impunidad en todo su esplendor?

 

¡Faltan muchos temas y demandas en esa dichosa marcha por la dignidad!...

 

Correo: vicmedina@hotmail.com