Mi reconocimiento a los esfuerzos realizados durante el año por el colega Ángel Zubía García, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua, sabedores de su importante contribución a la visualización y urgente protección por parte del Estado a la libertad de expresión.
La estadística está ahí. 65 periodistas asesinados en el mundo, en el 2017, por realizar el esfuerzo de la comunicación.
México, y Chihuahua en particular, pusieron su terrorífica e inaceptable cuota de sangre.
En marzo, cuando aún estaba fresco el recuerdo y la demanda de justicia por el homicidio del compañero periodista Adrián Rodríguez, ocurrido en diciembre de 2016, es asesinada la colega Miroslava Breach.
Era el 23 de marzo, temprano. Ella acudía como de común a la escuela a dejar a su niño. Al sacar el coche, una mano asesina le arrebató la vida.
A la fecha continúan sin ser detenidos los homicidas tanto de Adrián como de Miroslava.
Sabemos, porque la fiscalía lo ha difundido, que hay avances en las indagaciones, pero de la detención nada.
Incluso, la hermana de Miroslava tuvo que acudir al amparo para tener acceso al expediente, y que al ser otorgado, fue recurrido por la misma fiscalía para impedirlo.
La memoria de ambos está viva. Se han realizado actos que los recuerdan y exigen justicia. Es una presión natural y necesaria hacia la maquinaria estatal.
Los esfuerzos del Estado -que se dice se realizan- para detener a los responsables forman parte de una obligada acción, pero no es suficiente.
Se ha insistido en que la prevención de los delitos es la principal estrategia. Una prevención que es transversal: participan -o deben participar en ella- medios de comunicación, comunicadores y el Estado.
Una estrategia desvinculada o aislada difícilmente tendrá buenos resultados, porque las acciones deben ser armonizadas, coordinadas.
De nada sirve al periodista ser cuidadoso en el manejo de información de alto riesgo, si desde los cuerpos policiacos se le coloca en riesgo en operativos de policía, o en deficiencias en el flujo de información desde la esfera oficial.
La cobertura de un suceso de alto riesgo exige una colaboración entre autoridad policial y el periodista: el primero cumple con su obligación de procurar justicia y el segundo satisfacer el derecho a la información.
Por ello ambos deben ser sensibilizados y capacitados en el manejo de esa coordinación. Capacitación que no se está realizando de manera sistemática, sino sólo de manera aislada.
La capacitación es un instrumento indispensable en la prevención de los ataques contra periodistas. Por ello ocupa un papel relevante en el Sistema Estatal de Protección para Periodistas, que desafortunadamente fue reactivado a principios de año pero luego abandonado.
Ese esfuerzo debe retomarse.
Recordemos que el año pasado, en diciembre, se retomó con motivo del homicidio del compañero Adrián Rodríguez. Se insistió en aquel entonces en la necesidad de una reactivación completa del sistema, pero no se logró.
Luego vino el homicidio de Miroslava. Y nada.
El sistema volvió a quedar en el olvido, con el ingrediente de una intentona por una ley de protección a periodistas que pretendía ser una copia de la federal, y que no aportaba nada nuevo.
Ahí quedó la minuta de la consulta organizada por el Foro de Periodistas: un documento sustancioso que debe ser revisado y retomado de manera integral. Puede ser el punto de partida para asumir una posición de Estado que evite los riesgos.
Combatir la impunidad en los agravios cometidos contra periodistas está bien. Es indiscutible. Pero lo que no se quiere bajo ningún motivo, en el gremio periodístico, son las agresiones de cualquier tipo.
Son ellas, las agresiones, las que debemos evitar, por medio de acciones conjuntas, entre medios de comunicación, comunicadores y Estado. Este último en su obligación constitucional y convencional -y por supuesto, obligación moral- de proteger e impulsar la libre expresión.
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