La propuesta de Rosario Piedra de transformar la CNDH en procuraduría de los pobres pareciera una “chiste” para distraer la atención ante el manejo inadecuado de la crisis que atravesamos a causa del Covid-19. Pero qué ocurrencia, por un instante casi olvido ponerme el cubrebocas. Hay por lo menos dos factores que analizar de la ingeniosidad: primero, la reforma constitucional que se pretende hacer para que las recomendaciones que emita ese órgano sean vinculantes. Hasta la fecha, la Ley de la CNDH en su artículo 6 indica respecto a sus atribuciones, que “formulará recomendaciones públicas no vinculatorias… de acuerdo con el artículo 102, Apartado B, de la Constitución”. Modificar esto sería convertir a la supuesta procuraduría en un tribunal sobre las autoridades del país; casi todos sabemos que el Poder Judicial es quien tiene la facultad de castigar los delitos. Al tener carácter vinculante también estaría empalmándose con el juicio de amparo.
Para estar en sintonía con el tema que aún acapara nuestra atención, pongamos el ejemplo de la contingencia sanitaria, que nos recordó que el derecho humano a la salud no ha sido prioridad en nuestro país. El IMSS es el organismo que más quejas tiene por violaciones a derechos humanos, muy por encima de los sectores de seguridad, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, de la CNDH. Hay escasa infraestructura hospitalaria, falta de insumos y medicamentos, dilatación en la atención médica, inadecuadas medidas sanitarias para evitar contagios y falta de pruebas por mencionar algunos (la CNDH no se ha pronunciado al respecto). Eso aunado a la catástrofe económica del país, al incremento en los índices de violencia, así como a la política solapadora de violencia contra la mujer y la polarización social nacional. ¿Cómo pretende sancionar a “medio mundo” resultado de la 4T? Las personas en condición de pobreza serán las más afectadas por el coronavirus, pero ello estriba en una violencia estructural que debe corregirse y no con un nuevo nombre que resalte su condición.
El segundo factor es respecto al nombre demagógico de una procuraduría que atienda a los pobres. Ello reviste un asunto ideológico, propagandístico y de populismo electoral. El nombre en sí mismo excluye y discrimina; habría que leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos para comprender porque no es conveniente. ¿Acaso los “fifís” o los que están en medio no merecen protección? Polariza en tiempos donde debiéramos estar más unidos. Las palabras tienen efectos contundentes, por eso hay que tener cuidado al utilizarlas. ¿Por qué no mejor proponer una procuraduría de personas? La ombudswoman recordó a Ponciano Arriaga quien en 1847 creó una institución similar, que duró un año, con el propósito de proteger y defender a las clases vulnerables de maltratos cometidos por alguna autoridad. La sociedad es distinta desde entonces. La idea de proteger a los “pobres” es buena, pero pienso que la propuesta está mal formulada. El cambio es adecuado cuando a una institución tan importante se le fortalece, no cuando se le crea con fines populistas que invade esferas de competencias del Poder Judicial y del propio Ejecutivo. La CNDH está suficientemente golpeada como para añadirle más drama.
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