Este miércoles el Senado aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel, uno de los pilares de la política energética del país, como ya es costumbre, sin un plan viable y concreto.
Lo que analistas, como Casiopea Ramírez Melgar, denominaban un “fantasma” que, desde el año pasado, acosa a la industria, ahora es una realidad con la cual México enfrentará desafíos preocupantes, que abarcan mucho más que sólo el tema eléctrico.
A nivel país, esta decisión, casi imposición, llega en el momento más inoportuno, pues además de que se toma en un año de recesión, se presenta bajo un escenario en el cual sigue habiendo gran aumento en el consumo de energía, de servicios digitales a raíz del confinamiento; poniendo a prueba la capacidad de la CFE, también en un año en que se estima la demanda aumente por lo menos 3%.
A nivel estado, como lo he mencionado antes, lo que hace de nuestra ciudad una buena ciudad, que permita a sus habitantes mejorar su calidad de vida, tiene que ver gran parte con su competitividad. Que sea atractiva para las empresas.
Si como país no podemos ofrecer energía eléctrica a precios competitivos, estaremos poniendo en juego (por no decir “estaremos perdiendo”) el atractivo para inversiones. Lo que dificulta la reactivación económica, el crecimiento de nuestras ciudades y, por ende, obstaculizando también la posibilidad de que las personas tengan una mejor calidad de vida.
A nivel personal esta reforma impacta, también directamente, a la economía de todas las familias mexicanas al hacer cada vez más factible aumentos en las tarifas eléctricas. Desde un comienzo, pareciera que lo último que se consideró dentro de esta reforma es precisamente cuidar al ciudadano. A quien se le aumentará su gasto, otra vez, en un momento en el que la economía nacional está debilitada.
Tal como lo mencionó Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Solar y la Asociación Mexicana de Energías Renovables, “Es más del doble. Si el gobierno se aboca a generar electricidad con tecnología más cara, esto se traducirá en tarifas más altas o subsidios, y tendría una presión para las finanzas públicas en el corto y mediano plazo”.
Lo anterior, sin considerar otros factores como el hecho de que el acceso a la energía es en realidad un derecho humano, como lo establecen múltiples organismos internacionales como las Naciones Unidas.
Por último, pero no menos importante, se debe considerar el impacto a salud de los mexicanos y al medioambiente, como consecuencia de operar centrales eléctricas que queman combustible sucio y carbón.
Con todo esto es incomprensible pero inevitable ver cómo tristemente ésta, como muchas otras reformas y decisiones impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador, es un claro ejemplo de que la vista del Ejecutivo está hacia atrás, llevando a nuestro país a retroceder el avance por el que muchos mexicanos han luchado todos estos años.
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