¿Cuántas o cuántos más? Es la pregunta a las autoridades, tanto federales como estatales, y ya ni mencionar municipales, pues desde hace años están completamente rebasadas. Cuando la inseguridad alcanza a personajes de la política los ciudadanos nos sabemos y nos sentimos vulnerables y en la completa indefensión.
En los momentos en los que escribo esta colaboración se suman 91 asesinatos de políticos. El más reciente en Guerrero, candidato a diputado local. Apenas el fin de semana, en nuestro estado fueron asesinados dos candidatos y uno más está desaparecido.
En lo que va de este proceso electoral, de acuerdo con la consultoría Etelekt, 90 (91 contando al candidato a diputado local de Gro.) políticos asesinados y más de 180 víctimas de agresiones directas, de los cuales son 23 precandidatos, 15 exalcaldes, 13 regidores, 13 militantes de partidos con distintos puestos, 10 alcaldes en funciones, siete dirigentes partidistas, cuatro candidatos, dos exregidores, un diputado local, un representante municipal, un exsíndico y un ex diputado federal.
Los protocolos de seguridad implementados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación no han sido suficientes y evidentemente no son funcionales. La situación de inseguridad que estamos viviendo en el país ha alcanzado a la llamada clase política, lo cual es alarmante pues habla, en algunos casos, del narcotráfico involucrado en la elección o imposición de candidatos a su parecer.
¿Y eso qué significa? Probablemente autoridades que le deben o que están coludidas con el narcotráfico. Grave para los ciudadanos que no sólo lidiamos con la seguridad todos los días, porque significa lidiar también con la posibilidad de que las autoridades, aquellas encargadas de proveer protección, agredan en lugar de defender.
La violencia en México es un fenómeno en auge y que ha ido creciendo gracias a la impunidad y a la falta de efectividad de las autoridades, que irresponsablemente usaron el tema para ganarse legitimidad sin una estrategia a largo plazo. Hoy los resultados están a la vista, han convertido al país en uno de los más peligrosos, donde cometer delitos no significa recibir castigo, donde matar, no significa cárcel.
La responsabilidad está en todos los niveles de gobierno, en todos los actores políticos, en todas las autoridades involucradas que no han hecho nada por cambiar esta realidad.
lilia.aguilargil.2015@gmail.com