Somos un país dolorosamente (esperemos que no irremediablemente) violento. En este contexto queremos ser democráticos y nos organizamos para llevar a cabo unas elecciones que ya tienen sus víctimas, y no son pocas.
Noticia que a todos nos sacudió fue la del homicidio de Abel Murrieta, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, Sonora. Un asesinato en vía pública y a la luz del día. Con él, suman 32 candidatos asesinados durante el proceso electoral 2021.
¿Y cómo no esperar que la violencia en nuestro país alcance a protagonistas del proceso electoral? ¿Por qué habríamos de suponer que las campañas y sus candidatos quedarían intocables por ese monstruo que campea por todo México?
Etellekt Consultores (www.etellekt.com) está considerando al actual proceso electoral federal como “el segundo más violento desde el año 2000”, superando casi en un treinta por ciento la cantidad de 61 políticos y candidatos asesinados durante el proceso electoral del 2015.
De acuerdo con su Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, dicha empresa de consultoría reporta que la violencia contra políticos y candidatos se ha disparado hasta alcanzar 476 agresiones del 7 de septiembre de 2020 (inicio del proceso electoral) al 30 de abril de 2021.
Entre los casos de violencia contra políticos y aspirantes destacan amenazas y homicidios, con 174 y 79 casos, respectivamente. Luego aparecen, con menor número de casos, el robo (31), atentados contra familiares (30), daño a propiedad (27), y privación ilegal de la libertad (25).
Según los datos del informe, son 282 las agresiones contra candidatos y políticos durante el actual proceso, de los cuales 195 buscaban cargos municipales, mientras que 47 aspiraban a gubernaturas o diputaciones locales y 40 buscaban la diputación federal.
Lo que caracteriza a la práctica política (sobre todo electoral) es su exposición. En ese ámbito de la búsqueda o conservación del poder, el riesgo de contar con víctimas de la violencia se potencializa. Es necesaria la protección por parte de la autoridad competente.
La violencia, que es enemiga de la democracia, nos está dejando a mitad del camino en nuestro afán por consolidar un estado de leyes, libertades y derechos. Las víctimas de las agresiones son la evidencia de una descomposición sobre la cual parece que no tenemos solución.
¿O en dónde encontraremos la solución para esta crisis de seguridad? ¿Necesitamos capacitarnos para aprender a esquivar las agresiones, como increíblemente sugieren algunos “genios”? ¿No sería mejor reducir las agresiones, combatir la violencia?
Tantos retos para nuestro complejo país, pero la superación de muchos de ellos depende de la seguridad y la paz, cosas que se están tardando en llegar. Lo peor sería normalizar la violencia contra políticos y candidatos.
