Por: Lilia Aguilar Gil
Una vivienda adecuada debe contar con siete elementos para considerarse como tal: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural. Así lo establece ONU-Hábitat. Sabemos que esto es lo deseable en términos de vivienda, y es parte de las metas de este gobierno que lo deseable sea lo real. A este esfuerzo, desde el Poder Legislativo, nos estaremos sumando, sin distinción de ideologías porque aquí las coincidencias son más grandes.
Después de la instalación de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, la cual tengo el honor de presidir, fue muy clara la intensión de todas y todos los integrantes para trabajar en un mismo sentido y objetivo: lograr que la mayor cantidad de población en México cuente con una vivienda, pero no solo eso, que esa vivienda sea adecuada.
Hoy, millones de mexicanos viven en asentamientos precarios que carecen de servicios y equipamientos mínimos, donde los tiempos y costos de transporte para tener acceso al trabajo, la educación y el abasto, son elevados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI 2020 realizada en 55 mil hogares, señalan que las viviendas son chicas (41.3% de las viviendas miden de 56 a 100 m2); son viejas (de 35.3 millones de casas, 24.6% tienen más de 31 años de haber sido construidas); presentan problemas estructurales (44.2% de las casas presentan problemas de filtraciones; en tanto, 40.8% presentan grietas y cuarteaduras); rentan debido a que el 51.4% no tiene acceso a crédito; no hay suficientes programas de escrituración (de 23.9 viviendas propias, solamente 17.4 millones cuentan con ellas); entre otras.
Según dicha encuesta, México tiene un déficit de 8.2 millones de viviendas. El reto es mayor, pero, bajos los lineamientos establecidos por ONU-Hábitat, los cuales están incorporados en el Plan Nacional de Vivienda 2019-2024 de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se trabaja en la resarcir este rezago que se ha tenido por décadas.
Por ello, es que el Programa Nacional de Vivienda considera fundamentalmente tres principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 a través de sus objetivos específicos: No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, al colocar a las personas con mayor vulnerabilidad social en el centro de la estrategia; honradez y honestidad, al proponerse incrementar la transparencia y reducir la corrupción en todos los procesos del sistema de vivienda; y, que el mercado no sustituye al Estado, al promover la participación del sector privado y social bajo un marco institucional de certeza y claridad, que lo convierta en aliado corresponsable en el desarrollo de vivienda adecuada en el país.
En lo que se refiere a Chihuahua, en enero se hizo un análisis sobre la necesidad de vivienda y arrojó que se requerían alrededor de 5 mil viviendas, es decir, hay un rezago en la vivienda que debe cerrarse con vivienda que debe contar, como mínimo, con agua potable, drenaje sanitario y energía para que las personas puedan habitarla en forma higiénica y salubre.
Dar certeza jurídica sobre la propiedad de la vivienda a millones de mexicanos, garantizar que la legislación permita acceder a una vivienda, y contar con mayores y mejores esquemas de financiamiento, serán prioridad en los trabajos de la Comisión de Vivienda tenga a bien trabajar para los siguientes tres años, de la mano de todos los partidos políticos representados y por el titular del ramo, Román Meyer Falcón.
