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Han aplicado 68 mil foto infracciones en este año

  • Manuel Ruiz
  • en Chihuahua

Un total de 18 mil 200 fotomultas en enero, 13 mil en febrero, 11 mil en marzo y 15 mil en abril, y solo 8 mil 200 a 25 días de mayo son las que se han computado hasta el momento por la dirección de vialidad, debido a que las 4 cámaras de estructura no móvil no se han puesto en funcionamiento.

Hasta el momento son más de 68 mil foto infracciones las que se han aplicado en el paso de 4 meses y medio, es decir 148 días en los que el promedio de infracciones es de 2 mil 500 por semana y unas 357 diarias, lo que equivale a cerca de 36 millones de pesos en lo que va del año, recabados ante la morosidad de más del 42% de los automovilistas para pagar las multas que les llegan hasta sus domicilios.

Las cuatro cámaras móviles que existen en la ciudad y que son colocadas de manera estratégica en las principales vialidades, periféricos y avenidas, captan hasta dos mil 500 infracciones a la semana y por cada día de actividades podrían tomar hasta 350 foto infracciones de conductores que omiten los límites de velocidad.

Vialidad ha perdido 3 amparos contra conductores

Un total de 3 amparos ha perdido la Dirección de Vialidad contra de conductores de vehículos en Chihuahua, debido a la invalidez de la firma electrónica, sin embargo, la gran mayoría han sido desechados y se contempla al sistema de foto infracciones como legales, según estimó el Juéz Décimo de Distrito.

El tribunal de amparo al analizar el concepto de violación tendiente a tildar inconstitucional el artículo 99 y 99 Bis de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, resolvió que dichos artículos resultan constitucionales puesto que si bien es cierto dicha legislación no prevé la responsabilidad solidaria para considerar responsable tanto al conductor como al propietario del vehículo, también cierto es que se otorga la potestad al propietario del automotor de acudir ante la autoridad a efecto de demostrar quién fue la persona que cometió la transgresión a los lineamientos viales y una vez hecho lo anterior, la autoridad tomará las medidas correspondientes previo a la fijación de la sanción, otorgando la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 constitucional.

De igual forma, desestimó y consideró infundado el concepto de violación tendiente a señalar que la boleta digital pretenda sustituir al elemento humano (agente de tránsito) cuya función es cuidar la circulación, pues resolvió que de la legislación en estudio no se advertía dato alguno que lleve a concluir la pretendida sustitución del elemento humano, sino que las cámaras o aparatos tecnológicos sirven de apoyo a los servidores públicos (dichos agentes de tránsito), y la implementación de tal sistema constituye simplemente un apoyo o auxilio a sus funciones debido al crecimiento de vehículos que circulan en esta Entidad Federativa con el fin de prevenir accidentes viales que repercutan tanto en el patrimonio de las personas como en la pérdida de la vida humana, y contrario a lo señalado por los quejosos, dicha boleta contiene más elementos que el número de siete dígitos con los que se el dispositivo que tomó la evidencia, tales como la velocidad en al que conducía, lugar, fecha y hora en que se cometió la infracción, por lo que sí se otorga certeza y seguridad jurídica a los particulares y por tanto no se trasgrede derecho fundamental alguno.

Asimismo, consideró que las multas impuestas no resultan inconstitucionales pues la legislación contiene un criterio de máximos y mínimos para el establecimiento de las multas y no resultan excesivas, por lo que no se trasgrede la garantía de seguridad jurídica, máxime si otorga al particular la oportunidad de acudir ante la autoridad a que sea calificada la infracción done podrá manifestar lo que a su derecho conviene a fin de justificar su actuación infractora de las disposiciones viales, por lo que no se violó lo dispuesto por los artículos 21 y 22 constitucionales.

Los amparos concedidos fueron tomando en consideración cuestiones meramente formales y no de fondo, mismas que serán corregidas por la autoridad.

Con dichos razonamientos, el Tribunal de Amparo resolvió que sobre el fondo de la cuestión planteada, la Ley de Vialidad se encuentra apegada a la Constitución General de la República, por lo que resultaba importante hacer estas precisiones a fin de no mal informar a la opinión pública sobre el verdadero sentido de las sentencias dictadas.

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