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Podrían salir libres mil 200 delincuentes con Nuevo Sistema Penal

  • Velvet González
  • en Chihuahua

Con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, entre 900 y 1,200 presuntos delincuentes con prisión preventiva dictada en el estado y 50 mil en todo el país podrán solicitar su libertad, ya que esta penalidad quedó limitada a sólo a cinco delitos comunes; sin embargo ya no podrá aplicarse en casos como robo, abuso sexual, extorsión, entre otros.

Los delitos que quedan contemplados expresamente para la prisión preventiva son el homicidio doloso, la violación, la corrupción de menores de 18 años de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender o resistir el hecho, el tráfico de menores y los delitos contra la salud. Dentro del delito de corrupción a menores de edad o quienes no tienen capacidad para resistirlo o comprenderlo entra el lenocinio y la pederastia.

En el caso del secuestro también se especifica como un delito que amerita prisión preventiva, sin embargo éste queda a criterio de jueces y equiparado a la trata de personas.

Los delitos que anteriormente eran catalogados como “no graves”, ahora se excluyen de la prisión preventiva y entre estos se pueden mencionar  las lesiones culposas, el abuso sexual, el acoso sexual y el estupro; de igual forma otros delitos, como los que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, la violencia familiar o violencia familiar equiparada.

Por otra parte quedan fuera de la posibilidad de prisión preventiva quienes hayan cometido discriminación, amenazas, allanamiento de morada, robo sin agravantes,

abuso de confianza y abuso de confianza equiparado.

El nuevo código señala que el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad y dicha solicitud deberá contar con autorización de quien tenga esta facultad.

Cabe señalar que la protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas, un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida.

Según se muestra en el nuevo Código, de acuerdo al artículo 165, la aplicación de la prisión preventiva se aplicará sólo por aquellos delitos que merezcan pena privativa de la libertad y esto no podrá exceder más de un año, salvo que la prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado o presunto responsable, es decir que sea solicitado por la defensa o represente un beneficio para el imputado

Si al término del año no se ha dictado sentencia a la persona, ésta será puesta en libertad en tanto se continúa con el proceso, “sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares”, refiere el código.

Se explica que en los casos en que la persona sea mayor de 70 años o padezca alguna enfermedad grave o terminal, se podrá ordenar que la prisión preventiva sea ejecutada en el domicilio de la persona o bien, en algún centro médico geriátrico y esta misma medida podrá aplicar cuando se trate de mujeres embarazadas o madres que pasen por la etapa de lactancia.

En lo que respecta al Ministerio Público, podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos pueden acumularse, y en este caso la existencia de un proceso previo no daría lugar por si sola a la prisión preventiva.

En cuanto a las pruebas para la imposición o cese de la prisión preventiva, el código marca que las partes involucradas podrán ofrecer medios de prueba para estos fines.

Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el juez deberá tomar en cuenta la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones.

Los tipos de garantía económica podrán ser depósito en efectivo, fianza de institución autorizada, hipoteca, prenda, fideicomiso, o cualquier otra que a criterio del Juez de control cumpla suficientemente con esta finalidad.

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