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“Fracasa combate a la corrupción en Chihuahua”: Auditor

  • David Varela
  • en Chihuahua

Al menos 30 funcionarios públicos de diferentes niveles y rangos deberían encontrarse ya bajó un proceso penal por corrupción y se debieron haber resarcido más de 500 millones de pesos, esto al menos en los últimos cuatro años y medio en los que Jesús Manuel Esparza Flores, auditor superior de Chihuahua, ha fungido en ese cargo, según lo consideró en la entrevista que ofreció a El Heraldo de Chihuahua y durante la que denunció el combate a la impunidad y la corrupción como el mayor fracaso de Chihuahua en los últimos 30 años.

Por ese periodo, retó a nombrar al menos una decena de funcionarios públicos que hayan sido amonestados o sancionados por cometer actos de corrupción y eso es gracias a la negociación política en Congreso del Estado, a donde llegan cuentas con diversas observaciones y son dictaminadas “limpias” totalmente por la Comisión de Fiscalización.

El titular de la Auditoría Superior del Estado, aunque lamentó esa situación, también aplaudió que en un plazo de 24 meses se deberán adecuar a lo local las disposiciones federales del Sistema Nacional Anticorrupción y éstas permitirán que ese ente auditor pueda presentar directamente las denuncias de corrupción y no entrar en el “ping pong” jurídico en el que actualmente se encuentran.

También destacó que en diciembre del año pasado entró en vigor una reforma al artículo 168 de la Constitución Política de Chihuahua, en el cual se establece un examen al que deberán someterse de 850 a 900 funcionarios públicos, partiendo desde el Secretario de Hacienda hacia abajo.

Esta reforma establece que en los primeros tres meses de haber sido nombrados tanto el Secretario de Hacienda, tesoreros, recaudadores, todo el que administre o maneje recurso público, deberán someterse a un examen y que de no aprobar serán cesados de sus cargos.

Lo anterior permitirá, según lo visualiza Jesús Esparza Flores, disminuir en gran medida la corrupción en Chihuahua y, aunado a la reforma constitucional federal, reducir también la impunidad que se mantiene para este delito, del cual ha habido un gran señalamiento hacia el actual gobierno de César Duarte Jáquez.

Según el auditor no hay una corrupción comprobable, al menos por la ASE, gracias a los órganos de control internos con los que cuenta la administración estatal, que no supo manejar la cuestión de comunicación social y relaciones públicas para evitar dichos señalamientos.

 

Combate a la impunidad y corrupción, el gran fracaso de Chihuahua en los últimos 30 años

 

“Me apego a la memoria histórica de El Heraldo, de los ciudadanos, para que juntos hagamos un ejercicio y preguntar, en los últimos 30 años, y lo digo en 30 años porque es la memoria que a mí me alcanza, ustedes lo podrán apreciar, a cuántos funcionarios se ha sancionado, cuántos han sido inhabilitados, destituidos o encarcelados, más importante, cuánto recurso se ha resarcido vía reintegro, vía multas”, reflexionó el auditor superior Jesús Esparza Flores.

En este sentido y con su experiencia como auditor, refirió que son variados los actos de corrupción, pero los más comunes son en las zonas serranas por el manejo discrecional de los recursos federales, es decir, que se diga sobre la construcción de una obra y que en realidad no se haya realizado.

También indicó que las facturas falsas, con proveedores que no existen, son una práctica común en los municipios e incluso han tenido que valerse de convenios con auditorías de todo el país para verificar facturas que se emiten por proveedores de otras entidades, de las cuales sí tienen registrados casos en Chihuahua, donde han resultado apócrifas estas comprobaciones de gasto.

En contraste con esa demanda histórica de Chihuahua, a la ASE se le otorgó una pequeña herramienta, única, a la que pudieron tener acceso y es el exhibir, publicar y transparentar el trabajo para crear un justo equilibrio entre la impunidad que el propio sistema de fiscalización estatal propicia, derivado de la reserva que la Constitución hace al Poder Legislativo de esta revisión a la utilización de los recursos públicos.

En dicha revisión, y en la experiencia de ser auditor, indicó que son varios los actos de corrupción que existen y se hacen en Chihuahua, uno de ellos propiciado por la lejanía de los municipios y es el del manejo discrecional de los recursos federales en obras que se dice crearon, pero son inexistentes.

“Por lo inaccesible hace prácticamente imposible que los auditores vayan a revisarlo y una limitante que tiene cualquier auditoría es que funciona a base de pruebas selectivas”, explicó Jesús Esparza Flores al referir que necesitan de la denuncia ciudadana o prueba fotográfica de, por ejemplo, una cancha que se dice se construyó, pero no está.

Además de ello, por tratarse de montos pequeños, también resulta limitante para la ASE realizar la investigación específica de ese tipo de actos de corrupción.

Otro caso, más burdo que el primero, es el de las facturas falsas, “proveedores inexistentes que no los localizamos en el domicilio”, indicó el funcionario, que además dijo deben recurrir muchas veces a convenios con entes nacionales para buscar a los supuestos prestadores de servicios en otras entidades.

Aseguró que en Chihuahua hay muchos casos detectados y documentados en los informes que están publicados, y es principalmente por parte de los Ayuntamientos que se realiza este tipo de práctica de corrupción.

Los anteriores son los más frecuentes, pero también hay el mito de los aviadores, pero esos, para una auditoría, es imposible detectarlos, a menos de que exista una denuncia, pues con 175 personas laborando, un presupuesto de 106 millones de pesos, no alcanza para revisar a cada uno de los empleados de los entes fiscalizados.

 

El Poder Legislativo como mesa de negociación política

 

Que no existan sanciones y multas, tanto económicas como de carácter penal, en contra de los servidores públicos que cometen actos de corrupción es gracias a la evidente negociación política en la que se reservan los legisladores de Congreso del Estado esos castigos, refirió el Auditor Superior de Chihuahua.

Por eso acusó al Poder Legislativo como cómplice de la corrupción que, al menos en los seis años de la actual administración, ha costado cientos de millones de pesos del erario.

“El Congreso del Estado es el que ha propiciado la impunidad, porque es el Congreso el que tiene la facultad de sancionar”, culpó a los legisladores sobre el alto grado de corrupción que existe en la entidad y que se refleja en el “ping pong” jurídico al que se juega entre la Auditoría y el Poder Legislativo.

Explicó que ellos realizan las auditorías y envían las cuentas e informes a los diputados, quienes a su vez, a través de la Comisión de Fiscalización, realizan la revisión y si consideran que hubo malos manejos, tienen que regresar a la ASE para que puedan presentar la denuncia correspondiente.

Consideró Jesús Esparza que es un error darle a Congreso del Estado esa facultad de validar una denuncia, que debería ser interpuesta directamente por el propio órgano de fiscalización; esta situación ha dejado un costo elevadísimo para Chihuahua en los últimos seis años, pero más que eso, abonó a la conducta de impunidad de los servidores públicos.

La protección entre los mismos partidos políticos permite a los servidores saber que pueden hacer y deshacer, pero finalmente no habrá una sanción para ellos, lo cual es reflejo de que en los últimos 30 años de la vida política de Chihuahua no se pueda juntar siquiera una decena de sancionados.

 

“No he agarrado ningún ratón porque Congreso no ha cerrado la puerta”

 

En la metáfora de que es el auditor superior Jesús Esparza Flores un gato persiguiendo ratones, expresó que no ha podido atrapar ninguno gracias a que Congreso del Estado ha sido una puerta giratoria que no se cierra, “enviamos los informes y ellos no cierran la puerta” al referir sobre los dictámenes que la Comisión de Fiscalización del Legislativo siempre ha aprobado “limpios”.

“Nunca hemos sido citados a comparecer, a ofrecer pruebas, eso habla del estado que guarda la fiscalización en Chihuahua y es algo que no sucede en otros estados del país”, recordó al hacer memoria de su tiempo frente a la Auditoría Superior del Estado.

Son cuatro años de publicar informes por parte de la Auditoría, refirió Jesús Esparza, y de todos ellos no se le ha citado para comparecer, a confrontarlo con los titulares de los entes fiscalizados.

“Veo en todo el país que la comisión que tiene mayor trabajo es la de Vigilancia o la de Fiscalización”, lamentó el funcionario al cuestionar cómo hacen para llegar a los acuerdos cuando un ente en el que laboran 175 personas y tiene un presupuesto de 106 millones de pesos, con un trabajo de un año, les ofrece los casos y aun así no los mandan llamar.

Aunado a la falta de voluntad política de los diversos legisladores que han integrado el Poder Legislativo en los últimos 30 años, también existe un problema con la legislación, pues las leyes se prestan para que se conviertan los diputados en hacedores de la impunidad a la corrupción.

El mismo origen de la ASE como Contaduría Mayor fue la creación de un apéndice de la comisión en Congreso del Estado, pero la exigencia de mayor transparencia derivó en lo que hoy es la auditoría, pero es incompleta, reflexionó Jesús Esparza.

El modelo actual de la Auditoría Superior del Estado está incompleto y no podrá completarse hasta que se homologuen las siete disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Si bien la ASE no podrá ser juez, de haberlo sido durante esta administración, indicó que se hubiera creado un nuevo penal y abrir una caja especial para recibir los reintegros de recursos a través de multas, “no menos de 30 funcionarios públicos a la cárcel”, son los que hubiera mandado, de no ser por Congreso del Estado.

Además serían más de 500 millones de pesos los que deberían haberse resarcido del erario, si por la Auditoría Superior del Estado hubieran sido juzgados y sancionado las observaciones hechas en las cuentas públicas de entes, ayuntamientos, descentralizados, universidades y el Gobierno del Estado.

“Cuando el árbitro empieza a sacar tarjetas amarillas, existe un control de daños, evitan que los demás caigan en juego sucio, pero cuando hay una tolerancia a las patadas, se pierde el control del juego”, comparó la fiscalización a un partido en el que consideró debería haber amonestaciones y uno que otro expulsado para que no se pierda el sentido del orden y la disciplina.

 

El nuevo rumbo de la auditoría

En un plazo no mayor a un año, en Chihuahua se deberán de haber adecuado las ordenanzas generales del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que le dará el poder a la Auditoría Superior del Estado para poder denunciar directamente los actos de corrupción ante las autoridades competentes, eliminando con ello la negociación política en Congreso del Estado, explicó Esparza Flores.

“Hay una negociación en la impunidad por los diputados que hasta nuestros tiempos no se ha superado, pero se va a romper en los próximos meses, independientemente de la transición que no tiene nada que ver ni el resultado electoral”, refirió.

El Auditor consideró que gracias al Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes que se han modificado, como la de Disciplina Financiera, la de Transparencia, la de Fiscalización, entre otras, permitirá una mejor actuación de la ASE.

Será a más tardar en un año en que los nuevos ordenamientos deban alinearse a lo local y entre ellos, destacó que está el que le permite a la Auditoría presentar una denuncia contra un servidor público o ente fiscalizado, si se encuentran observaciones.

Refirió que hasta esa presentación queda el papel de la Auditoría, pues el poder sancionar sería una situación peligrosa, ya que no actúan de oficio, pues muchas veces las denuncias y señalamientos pueden ser entre los diferentes grupos políticos que se pelean un resultado electoral o poder.

“En este nuevo Congreso no pasará lo mismo y más que por la nueva legislatura es porque ya no será el Congreso que apruebe o no las cuentas, ya va a tener que cambiar de la comisión de Fiscalización y una de Vigilancia”, abundó sobre el cambio que se viene en materia fiscal.

 

Salud, educación y obra pública, el nido de la corrupción

 

Los rubros de salud, educación y obra pública son los más susceptibles a que existan actos de corrupción y al menos en Chihuahua es donde se han detectado más situaciones de este tipo, detalló Jesús Manuel Esparza Flores, al referir que son a los que más recurso público se les inyecta y en los que, al menos hasta donde alcanza la Auditoría Superior del Estado, no se pueden comprobar muchas de las acciones de corrupción.

Lo anterior lo ejemplificó con el medicamento, pues si bien la Secretaría de Salud puede hacer bien una licitación y compra del mismo, está en el jefe del almacén el acto de corrupción, pues sacan el medicamento y lo venden o lo propician a sus familiares, cuestión en la que si no hay una denuncia expresa, no puede actuar la ASE.

“Son tres áreas más susceptibles las que manejan más recurso público: obras, salud y educación, en las que hay más corrupción”, aseguró Jesús Esparza, pues en éstas, donde se maneja mayor cantidad de presupuesto, hay un mayor número de observaciones y el riesgo del control interno es mayor.

Esas tres áreas deberían ser las que Gobierno del Estado debe reforzar su control interno para prevenir y establecer las suficientes herramientas para que no se cometan actos de corrupción, los cuales no son exclusivos de los altos mandos.

En el caso de las medicinas, ejemplificó la situación de un almacenista, y en el rubro de educación se puede tomar como ejemplo el caso de los maestros comisionados, que actualmente está ya penalizado.

“Nos llevó a hacer auditorías con la Auditoría Superior de la Federación y hemos tenido que ir a algunas escuelas a verificar que estuvieran dando clases”, indicó sobre una práctica que la Ley prohíbe expresamente y que incluso la organización Mexicanos Primero, de Claudio X. González, presentó una controversia constitucional en donde se establece que no sólo se tiene que reintegrar el recurso, sino una actuación penal contra la persona, en este caso el docente comisionado.

 

Carente cultura de denuncia ciudadana, el enemigo de la ASE

 

La carente cultura de denuncia ciudadana en Chihuahua se ha convertido en el principal enemigo de la Auditoría Superior del Estado, pues no pueden actuar de oficio contra un señalamiento que pudiera trascender en la opinión pública, pero no por las vías legales en las que se debe realizar.

Ejemplificó Jesús Esparza Flores que un caso muy sonado es el de los regidores del Ayuntamiento de Aquiles Serdán, quienes han señalado malos manejos por parte del alcalde de ese municipio, pero hasta el momento y varios meses después, en la ASE no tiene siquiera una denuncia anónima en su portal en internet, en el que cualquier persona puede mantenerse en el anonimato si así lo desea.

“En Chihuahua estamos en pañales, no existe una cultura de denuncia ciudadana”, lamentó el titular de la ASE, pues es con base en la denuncia que pudiera haber una mayor actuación por parte del ente auditor, ya que no se atienden de oficio los señalamientos de corrupción.

El que la Auditoría tuviera esa facultad sería peligroso, ya que muchas veces esos señalamientos son una descalificación política, un golpeteo que no tiene fundamento. De lo contrario, al existir un sustento, ya se puede tomar como una fuente adicional de fiscalización e incluso las denuncias no tienen que ser a través de un documento.

“Tenemos un portal en el que puede verse la denuncia ciudadana, pero no hay esa cultura, pero no me desespero porque creo que es un asunto de tiempo que debe funcionar la denuncia ciudadana”, visualizó.

 

En Chihuahua existe una corrupción sofisticada

A diferencia de los Ayuntamientos que llegan a caer en actos de corrupción burdos, como el de la creación de facturas falsas, en Gobierno del Estado existe una mayor estructura para evitar este tipo de situaciones gracias a los órganos de control interno, como es la Secretaría de la Contraloría, que se convierten en el “control de daños” y permiten una corrupción más sofisticada, de la cual, indicó Jesús Esparza Flores, puede sólo intuir, pues no se tienen los elementos para afirmarlo.

“Es una corrupción que no he podido determinar, ojalá tuviera los elementos para presentar una denuncia que se necesita, intuyo que es una corrupción sofisticada”, reflexionó, al tiempo de lamentar que a pesar de contar con los elementos necesarios, de nada serviría.

Bajo el esquema actual, el detectar esta corrupción más sofisticada en Gobierno del Estado se quedaría dormida la denuncia en Congreso del Estado, aseguró el Auditor Superior y tomó como ejemplo el Ayuntamiento de San Francisco del Oro.

“Eso me llevó a hablar con los diputados de Acción Nacional, les mostré elementos y pruebas, les dije que no fueran a verlo como una situación política, estuvieron de acuerdo. Después sale al Congreso, dictaminada la cuenta pública sin ninguna responsabilidad”, lamentó.

En ese sentido indicó que contrario a los municipios, en Gobierno del Estado se tiene un sistema de comisarios, de control que hace imposible que algo se haga de manera burda, por ejemplo en obra pública, una obra cuestionable como la Ciudad Judicial, existe, cuando en los municipios no se hacen las obras que se reportan.

Además a Gobierno del Estado también lo audita la Auditoría Superior de la Federación, en ese análisis pusieron a Chihuahua en el lugar 25 en el importe de procedimientos resarcitorios, es decir, el dinero que tiene que regresarse por cuestiones de observaciones en la aplicación del recurso federal.

El gobierno actual tiene sólo 135 millones de pesos a resarcir, esto de 37 mil millones que se tiene a nivel país, por lo que el daño patrimonial de Chihuahua es del 0.68 por ciento del total; hay algunos estados como Jalisco al que se le encontraron daños patrimoniales por hasta 5 mil millones de pesos.

Además, existen entes como el despacho externo Galaz Yamasaki que ha estado auditando también a Gobierno del Estado, “hay diferentes entes que estamos fiscalizando, que hacemos una revisión estricta y que el mal manejo burdo no se da, pero en casos como sobreprecios, cómo detectarlos si no hay una denuncia ciudadana”, insistió.

 

Fallaron Comunicación Social y Relaciones Públicas

 

A pesar de que Gobierno del Estado es fiscalizado por los entes local y federal, así como uno externo, hubo un gran señalamiento por la corrupción de la actual administración que tiene que ver más con la percepción a través de las redes sociales, aseguró el auditor superior Jesús Esparza Flores.

“El manejo digital propicia medias verdades, verdades distorsionadas y hubo fallas en Comunicación Social y Relaciones Públicas”, consideró como el principal motivo por el cual la administración de César Duarte se mantuvo señalada con un alto grado de corrupción.

“Esta administración no comunicó, no supo comunicar los avances que tuvieron y se cedió a los errores que se tuvieron o se hayan tenido”, insistió sobre los motivos principales por los cuales se mantiene una alta percepción de corrupción en el Estado.

Relacionado a eso y que se le señalara también a la ASE como comparsa de Gobierno del Estado, Jesús Esparza indicó que fue año con año que la auditoría legitimó su trabajo, pues en caso de que se estuvieran publicando falsedades o difamaciones, él no cuenta con fuero, por lo que pudo ser sujeto a una denuncia.

“Ninguna administración panista me ha acusado de persecución política, esa es una buena carta de presentación”, destacó sobre la labor que de su parte se realizó en el órgano fiscalizador.

 

Someterá ASE 900 servidores públicos de la nueva administración a examen de conocimientos

 

La reforma al artículo 168 de la Constitución de Chihuahua obliga a que, del secretario de Hacienda hacia abajo, a todo aquel que administre, maneje y recaude recursos públicos, deba pasar un examen ante la Auditoría Superior del Estado, situación que calificó el titular del ente fiscalizados Jesús Esparza como el gran triunfo en materia de combate a la corrupción en los últimos 100 años.

Dentro de los primeros tres meses luego de ser nombrados, de 850 a 900 funcionarios entrantes a la nueva administración deberán someterse a un examen de conocimientos el cual, de no pasarlo, quedarán cesados sin responsabilidad para el Gobierno.

Apoyados por universidades y Ceneval, la SE impartirá una capacitación en conocimientos de la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Contabilidad General, la Ley de Obra Pública, la Ley de Adquisiciones, el Código Fiscal, el Código Administrativo, así como el control interno.

Con esto Chihuahua se convierte en la primera entidad en aplicar esta capacitación y prueba para funcionarios públicos, pues aunque existe ya algo similar en el Estado de México, ellos lo tienen a nivel de Código Financiero, mientras que en Chihuahua la reforma fue en el rango constitucional, es decir, no podrán ampararse quienes no pasen el examen.

Resaltó Jesús Esparza Flores que a los nuevos funcionarios, tesoreros, recaudadores, oficiales mayores, directores administrativos, entre otros, no se dejarán en estado de indefensión, pues existirá una capacitación previa al examen de conocimientos.

Aseguró que esta reforma nada tiene que ver con las elecciones o con la transición al nuevo gobierno, sino más bien es un logro importante que le otorga a la ASE una gran responsabilidad, pues serán quienes examinen a estos 900 funcionarios públicos.

 

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