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Ecocidio por tala ilegal de bosques

  • Venessa Rivas
  • en Chihuahua

A pesar de la suspensión de hecho otorgada a la comunidad de Bosques de San Elías Repechique para impedir la tala inmoderada del bosque, los particulares violan la ley y sacan la madera por brechas, por lo que la devastación continúa sin que las autoridades intervengan.

Hasta el 15 de abril, los habitantes de la comunidad ubicada en el municipio serrano de Bocoyna georreferenciaron 2 mil 887 pinos cortados y mil 513 marcados en un superficie de 56 hectáreas, lo que significa que están talando con un muy alta densidad los pinos y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo acepta.

El miércoles, una comitiva de indígenas de las comunidades de Bosques de San Elías Repechique, Choreachi y Coloradas de la Virgen se reunió en la ciudad de México con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; el subsecretario Cuauhtémoc Ochoa de Semarnat, así como representantes de la CFE, entre otras dependencias federales, ante quienes expusieron la problemática de la tala clandestina y el despojo de tierras.

Esta semana, en el caso de Bosques de San Elías Repechique, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente iniciará una auditoría forestal para determinar si las prácticas son las adecuadas, ya que son muchos los pinos que se han talado y la devastación es evidente.

Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, informó que la auditoría forestal comenzará en el predio con mayor devastación que es donde se ubican las rancherías Cerro de la Virgen, San Isidro, Choriquichi, Boreachi, entre otras, para los particulares en el predio conocido como Pino Gordo, con la finalidad de que se revisen los permisos de aprovechamiento forestal.

De la misma manera se presentó una demanda ante el Ministerio Público por el desacato a la orden de suspensión, ya que los taladores violando tal disposición sacaron la madera por una brecha, por lo que se le avisó al juez octavo de distrito Mauricio Fernández de la Mora, quien el pasado 3 de abril otorgó la suspensión de plano de los permisos de aprovechamiento forestal, en el juicio de amparo 528/2017-XI interpuesto por la comunidad de Bosques de San Elías Repechique y fijó la audiencia constitucional para el 3 de mayo.

En la reunión con las autoridades federales se pidió que suspendieran los permisos de aprovechamiento forestal, que les entreguen a los indígenas la madera cortada, que se realice la auditoría y sancionen a los responsables porque existe un mal manejo técnico.

Cabe señalar que el amparo interpuesto por el primero y segundo gobernador de la comunidad indígena reclama la emisión de 8 permisos de aprovechamiento forestal, sin tomar en cuenta a la comunidad, el más antiguo data de 2005 en el predio San Antonio, luego en el 2007 en el predio Aguizaina, de 2009 para Pino Gordo, sitio donde se plantaron por días; del 2012 para el predio de San Javier y La Merced, en el 2013 para Gomego y en el 2015 para El Venado y Rinconcito Lejano.

Diana Villalobos, directiva de Contec, asociación que les da acompañamiento y soporte jurídico, mencionó que además se pidió la revisión a la política forestal.

En el municipio de Bocoyna la tala es indiscriminada y la Semarnat lo permite, mientras que Profepa no tiene capacidad para atender el problema, ya que sólo se cuenta con 11 inspectores; la PGR tampoco actúa a pesar de que la tala es un delito federal, pero no hay ministerios públicos en la zona y además quitaron la mesa técnica forestal de la dependencia donde se atendían los delitos de la materia, pero a la fecha no hay nadie que lo haga, por lo que la tala clandestina es un delito en total impunidad.

A la reunión asistieron integrantes de El Barzón para plantear la problemática existente en el río Del Carmen y la devastación del desierto. La comitiva de Chihuahua estuvo acompañada por el secretario de Gobierno César Jáuregui Robles; el fiscal César Augusto Peniche Espejel y María Teresa Guerrero, de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.

Se espera que en 15 días las autoridades federales vengan a Chihuahua para dar una respuesta a las comunidades.

 

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