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Hay once prófugos de la justicia por fraude procesal laboral

  • David Varela
  • en Chihuahua

Un total de 11 personas más siguen prófugas de la justicia en el caso del fraude procesal que presuntamente orquestó una firma de abogados, uno de ellos y una decena de exempleados, quienes demandaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a una empresa con la cual habían acordado ya un pago superior al millón de pesos para el laudo y liquidación de una docena de trabajadores, que demandó en una primera ocasión en el año 2013.

Dos personas más, extrabajadores de la empresa Woolfolk de México SA de CV, fueron detenidos e imputados por el delito de falsedad ante la autoridad y fraude procesal, junto con los 5 abogados que los representaron en la primera demanda, y entre quienes se encuentra Fernando Alonso Loya Beltrán, hijo de la diputada por el Distrito 22 Imelda “Kale” Beltrán.

Héctor Zeferino Jiménez Miranda y Ángel Alberto Salazar García son los extrabajadores hasta ayer detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado, cumpliendo con una orden de aprehensión solicitada al Poder Judicial bajo la causa penal 1346/2016.

Adicional a los extrabajadores, también fueron detenidos los abogados laboralistas Fernando Alonso Loya Beltrán, Antonio Juan Martín Rodríguez, Luis de Pablo Loya, Christian Eduardo Inzunza Chacón y Félix Alberto Muñoz Lozoya. Ellos pertenecen al despacho que llevó el litigio de la primera demanda, y a quienes se les atribuye la intención del fraude para una segunda.

Otro de los abogados del despacho es buscado por la Fiscalía General del Estado, pues contra él también existe orden de aprehensión, al igual que para otros 10 extrabajadores de la empresa chihuahuense.

El delito se configuró al haber los abogados promovido una demanda en contra de Woolfolk de México, media hora antes de firmar el convenio que les otorgó más de un millón de pesos, que se repartieron entre los 12 empleados, luego de recibir los abogados el 30 por ciento del recurso.

El litigio de la primera demanda duró alrededor de dos años, por lo que se presume dolo en los abogados por presentar una nueva demanda, cuando la empresa había accedido a liquidar a los empleados.