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Señalan a Policías Municipales y Estatales de participar en desapariciones

  • Venessa Rivas
  • en Chihuahua

Las unidades de desaparición y búsqueda actualmente no están bien capacitadas, incluso se presume infiltración de elementos en algunos municipios y vinculación de agentes estatales en casos de desaparición, ya que las familias que acuden a denunciar son amenazadas y se pierde información relevante de los expedientes; si se trata de desaparición forzada se minimiza el caso, además de que cada caso se investiga de manera aislada y no en contexto.

Los consultores Pedro Díaz Romero y Ana Yeli Pérez Garrido fueron los encargados de hacer el diagnóstico de los recursos humanos e infraestructura necesaria, encontraron que hay unidades especializadas en investigación y búsqueda de personas desaparecidas, ubicadas en las cuatro sedes regionales de la FGE en Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Parral, donde se registran los reportes de desapariciones. En otros municipios y áreas rurales las personas desaparecidas son reportadas a las agencias de Ministerio Público en los municipios, pero no se comunican a las regionales, tampoco se cuenta con una policía ministerial especializada en investigación porque tiene que compartirse, es decir, hay municipios donde el investigador es el mismo para todos los delitos. No en todas las zonas o ministerios públicos aplican el Protocolo Homologado de Búsqueda de la PGR.

“Hay mejores prácticas en la Fiscalía Especializada para la Mujer en la cuestión de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas”, explicó Ana Yeli Pérez Garrido, pero tampoco se toma en cuenta el contexto a pesar de la sentencia del Campo Algodonero.

Las unidades de desaparición de la FEM reciben los reportes en las mismas cuatro sedes, pero no se reportan a los municipios y no hay participación de la policía municipal en las acciones de búsqueda inmediata.

Las Unidades de desaparición de la FEM en las zonas de Parral y Cuauhtémoc no cuentan con policía ministerial, por lo que solicitan el equipo de la Fiscalía de Zona. Además de que no todos los ministerios públicos de los municipios aplican el Protocolo Alba. Sin dejar de señalar que no se les da seguimiento.

En algunas ocasiones las personas que ingresan a las fiscalías a realizar la denuncia por desaparición reciben amenazas telefónicas o mensajes para que desistan, en algunas zonas se encontró vinculación de agentes estatales con esos hechos.

De la misma manera se documentó que las familias denunciaron que muchas veces aportan información pero no se encuentra en el expediente, es decir, hay pérdida de evidencia relevante.

En algunos municipios no se brinda atención especial a los familiares, se les cuestiona con estereotipos basados en el género. En el caso de las niñas y mujeres que regresan por si solas, no existe un protocolo o acciones donde se mida el riesgo, para conocer por qué salieron de sus domicilios. Hay un gran índice de casos de mujeres y niñas que están en riesgo permanente de ser nuevamente privadas de su libertad.

Pedro Díaz mencionó que se mantiene la práctica de girar oficios para la búsqueda de personas, además de que la búsqueda se reduce a trabajo de gabinete y los policías no cuentan con tiempo para rendir informes de las primeras acciones de búsqueda.

De la misma manera, la policía acude a las geolocalizaciones de los teléfonos celulares pero no se hace de manera formalizada, no se solicitan oportunamente con vista judicial las sábanas de llamadas de los teléfonos celulares. Cuando se tiene información o indicios de una desaparición forzada se clasifica el delito como de alto impacto o “levantones”. El hecho de la desaparición cuando intervienen particulares se califica como privación de la libertad y no se agota la hipótesis de desaparición forzada.

Los agentes que integran actualmente las unidades de investigación y búsqueda no tienen acceso a las plataformas del SIEC o del Inforense, donde se registran las periciales, se trata de una de las mejores herramientas que tienen en el país, por lo que deberían tener acceso en tiempo real. La herramienta está desaprovechada.

Así mismo no hay reportes de desaparición online en las cuatro regiones del estado, ni con los municipios, no se ejerce seguimiento de búsqueda por parte de los superiores.

Los familiares y las organizaciones que los asesoran realizan rastreos en los sitios que consideran campos de inhumación, pero siempre a iniciativa de las organizaciones, no existe un plan articulado.

En la metodología de investigación el ministerio público confunde las actividades de búsqueda con las actividades de investigación.

Las primeras horas de una desaparición son acciones de búsqueda coordinadas, después bajo un protocolo debe pasar a la fase de la investigación y búsqueda judicializada.

Las investigaciones se realizan caso por caso sin atender el contexto en el que ocurren los hechos. En las investigaciones no hay adecuado registro y sistematización de la información, a pesar de que se ha hecho una inversión para generar un expediente electrónico único, pero la información no aparece. En algunas investigaciones se pierden evidencias, no se envían a resguardo o no se mantiene la cadena de custodia, no existe participación efectiva de las familias de las víctimas.

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