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Pasó de verdugo a admirador de Miguel Hidalgo

  • Velvet González
  • en Chihuahua

Evidencias documentales de algunos protagonistas de la insurgencia como Hidalgo, Allende, Abasolo, Matamoros, Morelos y otros, permanecen en el Archivo Histórico del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, que se une a la conmemoración mediante la presentación de evidencias documentales de personales de la Independencia de México.

*Pedro Armendáriz.- Dirigió en persona el pelotón de soldados españoles que fusiló a Miguel Hidalgo en la Villa de Chihuahua el 30 de julio de 1811. Posteriormente, se inscribiría como socio de la sociedad “Amigos por Hidalgo”, cuya misión era fomentar entre los chihuahuenses el culto a la memoria del padre de la patria y fue el tercer presidente de dicha institución.

Al amanecer del 22 de marzo de 1811, la caravana de prisioneros en la que iban los principales caudillos insurgentes atados con las manos a la espalda, los pies uno con el otro y montados sobre mulas, salió de Acatita de Baján rumbo a Monclova, a donde entraron a las seis de la tarde del mismo día.

Las calles de Monclova habían sido adornadas y se escuchaban repiques y salvas de artillería. Ignacio Elizondo fue recibido al grito de ¡Viva Fernando VII y mueran los insurgentes!, mientras que los principales jefes del movimiento de Independencia recibían la humillación de ser conducidos frente a una herrería, establecida bajo un frondoso nogal, donde les fueron colocadas esposas y grilletes.

Los caudillos tuvieron que ser cargados en sillas al hospital que fue habilitado como cárcel; hacinados en estrechas habitaciones, semidesnudos, hambrientos y con sed, comenzaron el cautiverio que los conduciría a la muerte.

El 8 de abril de 1811, lunes santo, se tuvo conocimiento en la capital de la aprehensión de los principales insurgentes, por aviso de Félix María Calleja. El virrey Venegas, en evidente estado de júbilo, mandó que se echaran a vuelo las campanas de los templos y se hicieran salvas de artillería en señal del regocijo. El 13 de abril, ordenó que los prisioneros fueran juzgados en Chihuahua por un consejo de guerra y que la sentencia fuera ejecutada sin pérdida de tiempo: “La dilación de esta providencia o la traslación de los reos a otros parajes, traería inconvenientes capaces de poner a la Patria en peligro… disponiendo también, si así se sentenciare por el consejo, se lleven las cabezas de los principales a fijarse en las poblaciones donde ejecutaron sus principales crímenes…”.

Se organizó entonces la salida de los 28 prisioneros que formaban la lista de caudillos que debían ser trasladados, entre ellos Hidalgo, Allende, Santa María, Jiménez, Aldama, Lanzagorta, y Abasolo. En Monclova permanecieron muchos otros, que sin formación de causa fueron fusilados o en el mejor de los casos, condenados a trabajos forzados en haciendas cercanas.

El 26 de marzo de 1811 continuó el martirio hacia Chihuahua. Conducidos por una columna de 25 hombres y en medio de dos filas de soldados, los prisioneros eran guiados por un soldado que tiraba de la mula que montaban y seguidos por otro que les apuntaba con una lanza. Antes del anochecer, sin probar bocado y quemados por el sol, eran colocados al centro de una valla formada por monturas y aparejos, y los proveían de una mísera ración de carne cada 24 horas. Terminado el ínfimo refrigerio, se les amarraba los pies unos con otros, de cuatro en cuatro, custodiados a punta de lanza. Así era el descanso de los caudillos: a campo raso, bajo las inclemencias del tiempo y de las ofensas de sus guardianes.

Siguieron su camino hasta llegar a la hacienda de San Lorenzo, lugar cercano a Parras, Coahuila, donde Salcedo dispuso fueran separados los eclesiásticos de los demás reos -excepto Hidalgo- encargándose de ellos el capitán Juan Francisco Granados.

Los eclesiásticos fueron conducidos a Durango para que en ese lugar fueran procesados. Salcedo siguió con sus prisioneros, atravesando el río Nazas, el Bolsón de Mapimí y muchos pueblos y rancherías, hasta que por fin el 23 de abril de 1811, después de un viaje de casi un mes, llegaron a Chihuahua.

Dos días antes de su llegada, el brigadier Nemesio Salcedo, comandante general y gobernador de las Provincias Internas, publicó un bando en el que dio instrucciones a los habitantes de Chihuahua sobre la forma de recibirlos. Se permitía a los vecinos salir a ver a los reos en la calle, pero se les prohibía formar pelotones, subir azoteas y portar armas; severos castigos se impondrían a quienes dieran muestras de “una imprudente compasión” hacia ellos.

El 23 de abril de 1811, cerca de las doce del día, entraron a Chihuahua los prisioneros. Una vez en la plaza de San Felipe o de los Ejercicios, Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y otros jefes, fueron alojados en el excolegio de la Compañía de Jesús; el resto, en el antiguo convento de San Francisco. Melchor Guaspe, alcalde de la prisión, ordenó dar de comer a los reos y les hizo poner centinelas en patios y azoteas, con la consigna de correr la voz de alerta cada quince minutos.

Dos días después de la llegada de los reos, Salcedo procedió a nombrar una junta militar a la cual debía pasar el instructor las declaraciones de los prisioneros, de tres en tres, para que en el mismo orden fueran sentenciados, recomendándoles la mayor brevedad posible. El 6 de mayo se comisionó al alférez Ángel Abella, para que formara los procesos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez.

A las seis de la mañana del día 25 de junio, Abella se presentó en el calabozo de Allende y haciéndolo poner de rodillas le leyó la sentencia, llamó a un confesor para que lo preparara, y minutos después hizo lo mismo con Juan Aldama, Mariano Jiménez y Manuel Santamaría.

El miércoles 26 de junio de 1811, a la misma hora de la mañana, llegó el momento de cumplir la sentencia, y las voces de mando que indicaban un gran movimiento de tropas, mientras las campanas de los templos con sus lúgubres tañidos anunciaban al vecindario de Chihuahua que los caudillos serían fusilados.

Se indicó a los prisioneros el banquillo en que debían colocarse, se les puso una venda en los ojos, se les obligó a dar la espalda a sus verdugos y a la voz de mando de Pedro Armendáriz, cuatro balas certeras dieron muerte a los primeros insurgentes. Manuel Salcedo ordenó que a los cadáveres de Allende, Aldama y Jiménez se les cortara la cabeza. Los cuerpos fueron sepultados en el convento de San Francisco, después de haber sido expuestos a la curiosidad pública. Así terminaron sus vidas los primeros caudillos y poco más de un mes más tarde, Hidalgo correría la misma suerte.

 

*Bernardo Bonavía y Zapata.- Para Bonavia, la guerra civil era cosa de algunas provincias novohispanas, pero nada que hubiera afectado a las Provincias Internas, que permanecían “en unión, concordia e inalterable tranquilidad”. Sin embargo, las comunicaciones entre las provincias sureñas y las norteñas o Internas fueron obstruidas por mucho tiempo a causa del desorden.

Por esta razón, las Provincias Internas sufrían a causa del desabasto de algunas mercancías y por la dificultad de sacar algunas otras al mercado. En esa época, el Partido de Parras era gran productor de vinos, aguardientes y ganado menor, mientras que la parte duranguense de la Comarca Lagunera producía minerales (Mapimí, Cuencamé) y ganado menor (hacienda del conde de San Pedro del Álamo). A pesar de lo anteriormente dicho, Bonavia reconoce que esa situación de desorden promovió en el país de La Laguna la industria de los hilados y tejidos de algodón.

Los lugares a los que fue enviado este documento de Bonavia fueron, en Durango: Cuencamé, Cinco Señores (Nazas), Mapimí, San Pedro del Gallo, San Juan de Casta (León Guzmán) y en Coahuila: Álamo de Parras (Viesca) y Parras. Es decir, la carta fue enviada a las viejas poblaciones que antiguamente formaban parte de la “Provincia o País de la Laguna” en las cuencas del Nazas y el Aguanaval, y que actualmente se ubican en los estados de Coahuila y Durango.

 

*Juan Francisco de Velasco

Era escribano real y de provincia, protocoliza el documento en que Miguel Hidalgo en nombre y con poder de María Josefa Picado, propietaria de la hacienda Corralejo, solicita al juzgado de capellanías 6 mil pesos mediante la hipoteca de dicha hacienda, el 3 de junio de 1786.

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