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Denuncias en la PGR contra dos gobernadores salientes

  • Ricardo Holguín
  • en Chihuahua

No es común que en México un gobernador o un exgobernador sean sancionados o llevados a juicio por el incumplimiento de sus promesas o por desviar metas para satisfacción de sus intereses personales o de grupo.

En los últimos 10 años, algunos controvertidos ejecutivos locales y exmandatarios han sido sujetos a investigación por delitos como peculado y malversación de fondos públicos, y otros por presuntos nexos con la delincuencia organizada y/o por enriquecimiento ilícito.

Hugo Hernádez
El Sol de México

De acuerdo con expertos académicos del sector judicial en nuestro país, consultados por El Sol de México, estos son diez de los casos más relevantes de estos personajes públicos. Lacónicos, los expertos acotan que si bien algunos sí han estado tras las rejas, si en México se aplicara un verdadero Estado de Derecho “muchos de estas personas, sin duda, estarían en la cárcel”.

Uno de los más recientes episodios es el del aún mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien en días pasados salió a defender a su administración de los señalamientos que le hace el ahora gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, de quebrantar las finanzas del Estado, por lo que presentó tres denuncias ante la Procuraduría General de la República.

La indagación está en curso, revelan las fuentes, e implican –junto con averiguaciones y quejas de la Auditoría Superior de la Federación- a más de 38 mil millones de pesos.

Sobre el veracruzano pesa la querella registrada en el expediente AP/PGR/XAL-IV/012/2016/P.P, interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación.

Algo similar ocurre con César Duarte Jáquez, aún jefe del Ejecutivo de Chihuahua, a quien el candidato triunfante electo, el panista Javier Corral Jurado, lo acusó formalmente de enriquecimiento ilícito y pretende someterlo a juicio e iniciar la recuperación de los bienes que habría adquirido, dice, con dinero público.

En casi seis años, sostiene Corral, el gobernante priísta aumentó 233 por ciento la deuda de Chihuahua, por motivos que “aún no quedan claros para legisladores y ciudadanos”; pasó de 12 mil 547 millones de pesos a 41 mil 926 millones, hasta marzo de 2015.

Hace dos años, una ONG interpuso una denuncia en contra de Duarte, misma que fue desechada por las autoridades estatales, pero que a nivel federal sigue su curso en la Procuraduría General de la República (PGR).

Así, emprenderá el otrora senador Javier Corral –al menos lo prometió en su campaña para la gubernatura- acciones legales en contra del mandatario saliente por enriquecimiento ilícito, y por la manera inexplicable en la que creció la deuda pública durante la administración de César Duarte.

En la PGR se cuenta con la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19, la cual se integró a partir de la denuncia que se interpuso en septiembre de 2014 por Enriquecimiento Ilícito, Uso Indebido del Servicio Público y otros delitos.

Otro caso rimbombante es el del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien fue señalado por enriquecimiento inexplicable durante su mandato y sobre quien, la semana pasada, el actual Gobierno neoleonés decretó un embargo de bienes en su contra así como a 10 exfuncionarios más.

Entre los delitos señalados, está el de peculado y el ejercicio indebido de funciones, que habrían provocado un daño patrimonial al erario de NL de al menos tres mil 600 millones de pesos.

Su caso se encuentra bajo el expediente AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/120/2015, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción de Servidores Públicos Federales.

Respecto al exgobernador Guillermo Padrés, es investigado, a nivel estatal y federal, por un sobregiro de 10 mil millones de pesos que dejó en las arcas del Estado de Sonora.

El entonces funcionario estatal duplicó la deuda sonorense, por lo que actualmente su sucesora, Claudia Pavlovich, heredó cuentas por pagar por un monto ligeramente superior a los seis mil 200 millones de pesos. Eso sin contar presuntas obras en su beneficio, usando recursos oficiales, como se ha documentado exhaustivamente.

Autoridades federales mantienen abierta la averiguación previa AP/PGR/UEAF/002/2014-11 para el proceso que aún continúa contra el exgobernante.

No obstante, en México es bien sabido que los casos de peculado, desviación de recursos públicos, delitos electorales y hasta del fuero común, cometidos por los servidores o exservidores públicos, casi siempre permanecen en la impunidad, resaltaron las fuentes judiciales.

Señalaron, es más, que los casos de los ex gobernadores de Nuevo León y Sonora, quienes por abusos de poder y el presunto desvió de recursos financieros, “deberían estar encarcelados”; algunos han sido denunciados ante la PGR, pero el avance de las investigaciones es nulo o de plano están archivadas las demandas respectivas “por falta de pruebas o por inobservancia del debido proceso”, lo que no significa necesariamente que las acusaciones carezcan de sustento.

Los que pisaron la cárcel

Entre los exmandatarios que sí estuvieron o están en prisión, está el caso del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, detenido por autoridades federales por presunta defraudación fiscal.

Sin embargo, pese a que un juez le dictó sentencia de dos años y tres meses de prisión, por el delito de peculado, al ser una sentencia que no sobrepasó los cinco años, quedó en libertad tras el pago de una caución por un millón 993 mil 380 pesos como reparación del daño y una multa equivalente a cuatro mil 208 pesos.

Al exmandatario de Tabasco, Andrés Granier Melo, la PGR lo acusó por presunta evasión de dos millones 156 mil pesos; en 2014, se le dictó formal prisión por el delito de defraudación fiscal, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita o “lavado” de dinero.

El caso del gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, quien terminó en prisión tras una acusación de involucramiento con integrantes del crimen organizado y delitos contra la salud; primero al desempeñarse como secretario de Gobierno de la entidad y después al convertirse en mandatario estatal interino (2013-2014), ante los problemas de salud de Fausto Vallejo.

Otro de los expedientes emblemáticos es del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quien fue acusado por homicidio doloso, defraudación y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estuvo preso de junio de 2011 a noviembre de 2012.

Durante su Gobierno se desviaron al menos 104 millones de pesos del erario para un supuesto bono sexenal. También se le atribuyó un mal manejo de recursos del fondo para la reconstrucción del Estado, luego del paso del huracán “Stan”.

Mientras que en el caso de Narciso Agúndez Montaño, quien gobernó Baja California Sur, impulsado por el PRD, estuvo en la cárcel de mayo a diciembre de 2012, acusado por el delito de peculado en agravio de la administración pública estatal.

Uno de los pioneros en estar en capilla fue el exgobernador priísta de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, a quien la PGR investigaba cargos en su contra aun cuando no terminaba su mandato como gobernador (1993-1999).

Después de huir, fue detenido en mayo de 2001 en un retén en Cancún, e inició un proceso judicial. Luego de algunos años, un juez federal lo exoneró de varios delitos al cumplir seis años en prisión, en 2007.

Sin embargo, inició un proceso de extradición, que concluyó con la entrega de Villanueva Madrid el 8 de mayo de 2010 a autoridades estadunidenses.

En su proceso, en 2012, el exgobernador se declaró culpable de lavar millones de dólares del cártel de Juárez a través de bancos en Estados Unidos y otros países. En 2013, un juez de Nueva York lo condenó a 11 años de cárcel.

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