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El fondo del asunto

  • Víctor Manuel Medina Calderón

Contra lo que nos dice la vocería del Gobierno del Estado, la percepción de los ciudadanos apoyada por la información que se comparte en redes sociales y algunos medios informativos es que la violencia ha vuelto a sentar sus reales en nuestro estado privilegiando algunas regiones, sobre todo en la zona de occidente, donde la información que llega es alarmante.

 

Poblados atacados, casas quemadas, secuestros, violaciones y robos del fuero común son el pan de cada día de los delincuentes que impunemente actúan mientras el Sr. Gobernador y el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado se dedican a confrontar a los medios de comunicación que critican las erráticas acciones del gobierno estatal.

 

Que por qué no se le cuestionó a César Duarte los millones que repartía a los medios, que les dejaron las arcas vacías y un desorden en la administración, que las varias carpetas de investigación contra las corruptelas de los funcionarios anteriores se encuentran muy bien fundamentadas, que ya merito van a pedir la extradición de César Duarte, son los temas preferidos de quienes encabezan el gobierno estatal, mientras el estado se debate en una vorágine de violencia que pretenden esconder con las acusaciones a  medios hasta de ser “portavoz del crimen organizado”.

 

Tal parece que tratan de ocultar el sol con un dedo desviando la atención de temas verdaderamente importantes sin importar el colocar a los periodistas y comunicadores en posiciones muy vulnerables.

 

Es muy preocupante la situación para quienes se dedican al oficio del periodismo; el crimen de la periodista Miroslava Breach y Adrían Rodríguez siguen impunes, Patricia Mayorga se encuentra exiliada ante las amenazas recibidas, periodistas nacionales son descalificados por atreverse a emitir una opinión crítica contra ciertas acciones emanadas del Gobierno del Estado en medios nacionales como Proceso, La Jornada o El Universal, periodistas acusados de coadyuvar con el crimen organizado y acosados por las instancias encargadas de auditorías fiscales con el ánimo de acallar voces y pretendiendo acabar con la crítica hacia los actos de gobierno.

 

Una de las promesas del gobernador Javier Corral fue el que los periodistas iban “a gozar de una libertad jamás vista”, y cuando alguno se atreve a criticar sus acciones de gobierno, es que no está recibiendo los millonarios apoyos que les daba el César, es que son de la oposición o hasta están involucrados en la delincuencia y emanan de la corrupción en una descalificación grotesca y perversa.

 

Descalificar el trabajo de periodistas con la acusación de causar “un grave daño social a través del periodismo” después de que se publicó un video en el que una mujer, interrogada por hombres armados señala al gobernador de dar protección a un presunto jefe del narcotráfico, ordenar una auditoría según lo denuncia del director del periódico digital La Opción, usurpando funciones, con notificaciones por estrado y llegando incluso hasta las amenazas de muerte, descubren un esquema que debería ser evaluado en un ambiente médico para descartar un cuadro de esquizofrenia o paranoia  donde el sentimiento hacia los medios de comunicación juega un importante papel en quienes ejercen el poder.

 

Es urgente que el gobernador del estado y su gabinete dejen de lamentarse de la falta de recursos y de su incapacidad para ejercer la justicia ante un sistema del cual ahora son parte y vayan al fondo del asunto, que es trabajar eficientemente en los temas  que verdaderamente impactan sobre la ciudadanía.

 

¡Los chihuahuenses no nos merecemos este trato!

 

Correo: vicmedina@hotmail.com