“México es un país presidencialista, todo negocio importante es del conocimiento del presidente”.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
En relación con juzgar o no a ex presidentes mexicanos por corrupción, AMLO mantiene tres posiciones que son más que excluyentes, complementarias: a) Por mi iniciativa, no abriré expedientes contra ex presidentes de la república, por ser conveniente para la gobernabilidad de México, no juzgarlos, por ser procesos sumamente complejos, que necesariamente serían distractores de las tareas de la presidencia y secretarías de Estado. b) Sí deben continuar hasta sus últimas consecuencias los procesos penales que ya estén abiertos, contra los expresidentes o personas relacionadas a ellos, que eventualmente pudieran involucrar a los expresidentes. C) Si lo solicitan los mexicanos, se hará una consulta púbica nacional, en la que se preguntará si los mexicanos queremos o no que se juzgue a los expresidentes.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, cuyo titular es Santiago Nieto, en entrevista con Carmen Aristegui, denunció que del 2014 al 2018, 722 cuentas bancarias de personas físicas y empresas fueron congeladas por la UIF en el gobierno de Peña Nieto, por manejar dinero de origen ilícito.
El esquema operativo de corrupción y chantaje funcionaba así: la UIF congelaba las cuentas y varios despachos jurídicos relacionados con la consejería jurídica del presidente de la república (EPN), contactaban a los titulares de las cuentas, mediante un arreglo monetario conveniente, descongelaban las cuentas y quedaban libres de investigación.
Entre estas cuentas, algunas eran del Chapo.
¿Es posible que este negocio de miles de millones de dólares, en el cual estaba involucrada la PGR, UIF y la consejería de la Presidencia de la República, no fuera del conocimiento del presidente EPN?, según AMLO y el sentido común no es posible que de estos negocios no estuviera informado el presidente.
Los delitos financieros, según las leyes vigentes en nuestro país, prescriben a los diez años, es decir, ya no pueden ser investigados y por lo mismo no pueden ser sancionados.
Con esta condicionante, solamente se pueden investigar los delitos financieros cometidos del 2009 a la fecha, es decir, últimos años de Calderón y todo el sexenio de Peña Nieto.
El 1º de septiembre, en su informe de gobierno número 271, ya que nos informa a diario, desde que tomó posesión el 1º de diciembre del año pasado, Andrés Manuel señaló como una de sus prioridades legislativas la reforma del Art. 35 Constitucional, que es el relativo a la consulta pública ciudadana, para quitarle todos los candados y trabas burocráticas que actualmente hacen este artículo prácticamente inoperante.
Si el Congreso de la Unión aprueba la reforma al Art. 35 Constitucional, los mexicanos tendremos un instrumento jurídico, un derecho a ejercer, para llevar al banquillo de los acusados a algunos ex presidentes de la república; no es venganza, es justicia.
Las escaleras se barren de arriba para abajo.
El Chapo está en la cárcel en Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua.
EPN se pasea feliz por el mundo, presumiendo una novia nueva.
Hasta ahora la justicia mexicana le ha hecho a Peña Nieto y otros expresidentes lo que el aire a Juárez.
¿Hasta cuándo?
