Luego de que el Presidente López Obrador anunció que este sábado 16 de octubre firmará un decreto para legalizar el contrabando automotriz, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores se pronunció en contra, al considerarlo "un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades".
"Será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia del Covid-19 y la crisis de los semiconductores", manifestó la organización empresarial.
La propuesta de regularización de vehículos ilegales no sólo se limitará a los siete estados fronterizos, sino que se ampliará a todo el país, por lo que consideraron que lejos de limitar el problema lo hará más grande.
Indicaron que desde el 29 de junio solicitaron al presidente una audiencia para explicarle las repercusiones de su propuesta que anunció originalmente desde 27 del mismo mes en Baja California. Informaron que desde esa fecha durante julio y agosto la importación legal de vehículos usados crecieron 69.8 y 84.9% o 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades adicionales, respectivamente; mientras que la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve.
Resultado de esto es que el fenómeno de los vehículos "ilegales no disminuyó, sino que ahora es más evidente que nunca ver ese tipo de unidades circulando en toda la frontera ante la omisión de las autoridades, incluso algunos de éstos siendo del segmento de lujo y deportivos que nada tienen que ver con la justificación social que organizaciones afirman para su regularización por apenas una cuota y sin pagar los impuestos que realmente ayudarían a mejorar sus condiciones de vida", describieron en el desplegado.
Al respecto, la AMDA consideró que la legalización que se viene provocará una baja en el valor de hasta 20% de las unidades del mismo año-modelo usados y nacionales debido a la sobreoferta que se generará, ya que el propietario al ver que su unidad usada cuesta menos decidirá posponer su venta o retardar su renovación, afectando aún más la cadena de comercialización de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo por uno nuevo.