La comunidad indígena de Bosques San Elías Repechique se reunió con Laura Elena Ulate Casanova, delegada federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente quien se comprometió a convenir con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una mesa de trabajo directo para revisar los permisos de aprovechamiento forestal y brindarles asesoría sobre los instrumentos que pueden usar para impedir la tala de los bosques, entre ellos decretar zona de veda.
Los indígenas estuvieron acompañados de los integrantes del Colectivo Protejamos los Bosques de la Sierra Tarahumara, representado por el antropólogo Juan Loera quien exigió que se realicen las acciones necesarias para la investigación y sanción de los delitos cometidos en perjuicio de los bosques de Chihuahua, así como auditorías exhaustivas a los aserraderos que se alimentan de madera de la Sierra Tarahumara y se clausuren aquellos que incurran en acciones ilícitas.
De la misma manera solicitó que se ejecuten acciones de prevención, investigación y sanción de la cadena de delitos y corrupción que permiten el saqueo del bosque. Se realicen auditorías forestales para detectar las irregularidades en las zonas siniestradas y sancionar a los responsables. Además de que se detenga la corrupción, amiguismo y tráfico de influencias a la hora de realizar dichas auditorías forestales.
A la delegada se le pidió que se dé respuesta inmediata a las denuncias efectuadas por la tala ilegal.
La delegada señaló que Profepa tiene la facultad para convocar a reuniones con la intención de llegar a un arreglo cuando se advierte un conflicto, por lo que mediante un oficio informará a la Semarnat que los integrantes de la comunidad de Bosques San Elías Repechique estuvieron en la delegación para que se dé la mesa de trabajo directa.
La abogada de la comunidad, Diana Villalobos informó a la delegada que en 1934 la zona donde se ubica Bosques San Elías Repechique estaba decretada como reserva forestal, por lo que existen elementos para que se pueda determinar una zona de veda.
La delegada mencionó que con esos antecedentes se puede buscar la veda de la zona para que se suspendan los permisos de aprovechamiento forestal.
La delegada de Profepa aseguró que la situación de inseguridad es grave, porque en Bocoyna hay zonas donde los grupos criminales operan sin recibir sanción.
Los integrantes del Colectivo le pidieron una rápida intervención a fin de que los miembros de las comunidades no vayan a sufrir a causa de esa violencia.
A nombre de la comunidad, José Antonio Montes Enríquez y Luis Pérez Enríquez le pidieron a la delegada ser tomados en cuenta, ya que ellos han vivido en la zona, viven del bosque y sólo lo están protegiendo, pues han visto cómo la tala, legal o ilegal, está acabando con su hábitat.