Una familia de cinco integrantes que se vieron afectados por el accidente del Aero Show durante el año 2013, han cruzado por una serie de dificultades médicas y económicas a raíz del accidente, pero nunca se imaginaron que el abogado Juan Felipe Ponce Morones, quien pelearía por los intereses de la familia, les robara parte del recurso con el que cubrirían gastos, deudas y cuestiones médicas.
De los afectados, un menor de edad y el padre de familia, resultaron con lesiones médicas de por vida, que los obliga a acudir a consultas médicas con frecuencia, intervenciones y cuidados especiales, lo que ocasiona cuidados intensivos, tratos especiales y pérdida de empleos de los afectados, como su pareja, quien tiene que pedir permisos especiales en el trabajo para atender a su marido.
Aunque quisieron omitir la identidad de la familia, por cuestiones de seguridad, explicaron que el abogado Juan Felipe Ponce, quien también lleva 54 casos de víctimas del Aero Show, los defraudó, al quedarse con un millón 500 mil pesos, que el Municipio de Chihuahua durante el año 2017 entregó como parte de la indemnización de los cinco integrantes para que cubrieran las deudas, colegiaturas, alimento, medicamento y cuestiones médicas que por cuatro años se habían acumulado.
La familia logró “pelear” con méritos propios, un apoyo por parte del Ayuntamiento de cuatro millones 460 mil pesos, los cuales serían pagados de manera mensual por un periodo de 25 años, es decir 14 mil pesos mensuales entre 300 pagos, para los cinco afectados del accidente, pero el abogado que defendería sus intereses, les dijo que buscaría llegar a 250 millones de pesos, pero sólo alcanzó a sumar dos millones 340 mil pesos más, lo que dejó una suma de 6.8 millones de pesos, divididos en una pensión mensual.
Luego de concretar la suma y aprovechándose del estado de salud del hombre que debía permanecer en la cama, el abogado Felipe Ponce, insistía día a día que les transfiriera el millón 500 mil pesos por concepto de honorarios, lo que supuestamente correspondía el 10% del trabajo que realizaría, pero en cambio le correspondía cerca de 200 mil pesos de los 2.3 millones de pesos que logró extender a beneficio de la familia.
“Nosotros lo veíamos ambicioso, veía a las víctimas como una ganancia y no como una forma de hacer justicia, no le correspondía el dinero que tomó porque el pago que entregó el Municipio de Chihuahua en el año 2017 era para indemnización y no para cubrir los honorarios como estuvo diciendo, es decir podría haber un porcentaje de todo lo que recibió la familia por el convenio que corresponde a 150 mil pesos”, comentó la abogada Yésika Yaneth García García.
Ambos padres de familia que hablaron de manera exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, indican que en el año 2013 fueron víctimas del accidente en el mes de octubre, a pesar de que el padre estuvo a punto de perder la vida, logró salir adelante, pero quedó discapacitado de por vida, pues a la fecha lo han intervenido en 13 ocasiones y sigue a la espera de más operaciones y análisis médicos.
A raíz del accidente, la madre de familia tuvo que faltar constantemente a su empleo ya que su esposo requirió de cuidados especiales por varios meses y por lo tanto no recibían recursos económicos, así como su marido que estaba posado en la cama, por lo cual tuvieron que endeudarse para pagar la escuela de sus dos hijos y tratamientos de un adulto mayor.
El 29 de abril del año 2014 la familia recibió por parte del Municipio de Chihuahua la cantidad de 85 mil pesos; 85 mil pesos en el 2015; 10 mil pesos 2016; 10 mil pesos 2017, es decir por cuatro años los cinco integrantes tuvieron que sobrevivir con 190 pesos, que fueron destinados al pago de servicios, alimento, vestimenta, colegiaturas y las cuestiones médicas.
La familia lo que quería es salir adelante y poder reparar el daño que le ocasionó el accidente, por lo cual había solicitado ayuda de un abogado, incluso una de las personas que resultó lesionado le dijo que el abogado Ponce Morones era bueno en su trabajo y le ayudaría a hacer justicia para todos los familiares.
Sin embargo, por cuatro años de espera y tras ver que no conseguía nada para las víctimas, fue como la familia, en específico los padres, salieron a dialogar con el Municipio en el año 2016, cuando entró la alcaldesa María Eugenia Campos y se comprometió a ayudar a todos los afectados según sean sus necesidades.
Por lo cual el 10 de marzo del año 2017, signaron un convenio para estipular que la familia recibiera una pensión mensual, y un aguinaldo de 38 mil pesos, a través de César Jáuregui quien fue el que dio seguimiento al tema del Aero Show y todas las víctimas que se acercaron al Municipio.
Pero el abogado que llevaba su caso dijo que todo el apoyo que había recibido la familia y lo estipulado en el convenio lo había conseguido por su gestión, por lo cual debería de recibir el 10% del total, cerca de un millón de pesos, obligando y llevando al afectado a un banco para que le hiciera 10 cheques por 150 mil pesos para transferirle el millón y medio de pesos.
“Nosotros buscamos asesoría, fuimos al Municipio, nadie nos ayudó para saber qué hacer con el abogado, hasta que un día fue por mí, yo estaba reposando y me llevó al banco y me pedía que le transfiriera el dinero y lo tuve que hacer porque no sabía qué hacer y fue cuando nos dejó de molestar”, comentó el afectado.
A decir de la abogada que se encuentra demandando al abogado Felipe Ponce, a través del Tribunal Superior de Justicia en el Estado habían acordado un pago de honorarios del 10% de lo que consiguiera, es decir logró un 2.3 millones más para la familia y debía recibir 230 mil pesos o del millón y medio que recibieron para reparación del daño podría obtener 150 mil pesos, pero no un millón y medio de honorarios.
“Mucha gente cree o él mismo cree que vamos a recibir los millones y millones de pesos, el dinero lo vamos a recibir de manera mensual, es decir nos van a dar cerca de 17 mil pesos por mes, cuando ambos trabajando ganábamos más, los millones y millones que se dicen en las noticias son pagos mensuales que se pagarán a 20 años y no de un solo plazo como muchos creen”, comentó la afectada.
Hasta el momento se ha iniciado un juicio civil contra el abogado, por un posible fraude a la familia, ya que no se acordó el pago del millón y medio de honorarios y esperan que los tribunales digan o determinen cuánto se le debe pagar al abogado por el trabajo que realizó mediante las pruebas que presente la familia.
Luego de que se diera a conocer la medida, el abogado no ha querido dar la cara a la familia y la Fiscalía General del Estado no ha querido iniciar un proceso penal contra el abogado, toda vez que no cuentan con la información necesaria o pruebas que lo vinculen a que fue un delito por parte del abogado, pero sí tienen los cheques que tuvo que emitir para transferir el millón 500 mil pesos.
La familia pidió a las demás víctimas que si pasan por alguna cuestión similar, denuncien a través de los medios de comunicación, ya que son muchas familias las que está atendiendo el abogado y desconoce si atraviesan por alguna situación similar.
