“Estamos convencidos y seguros de la investigación, todo lo recabado contra el magistrado Jorge Ramírez, desde nuestro punto de vista es una evidencia contundente el trabajo del Ministerio Público, de los analistas financieros y los peritos, generó una evidencia contundente para que se siga la investigación y de ser el caso, también continúe el procedimiento judicial de desafuero”, comentó el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche.
Dijo que se encuentran seguros de la actuación del Ministerio Público y de los datos de prueba que hasta el momento se han recabado, por lo que sostuvo que de manera muy profesional por parte del Ministerio Público, de los analistas financieros, de los peritos que existe evidencia importante sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
Recordó que fue el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, a través de su responsable de Control Interno, la instancia que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por lo cual se le dio el seguimiento oportuno y se localizó la evidencia necesaria para iniciar el proceso de desafuero.
“La Fiscalía lleva a cabo la tarea de pedir la información correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria, a los bancos directamente y a otras entidades, dictámenes periciales, diversos testigos, contratos, documentos oficiales, etcétera, y se llega a la conclusión de que esa discrepancia en su patrimonio, la cual pudiera ascender a más de 10 millones de pesos y debe seguirse investigando”, comentó.
No obstante que la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado rechazó la solicitud de desafuero contra el magistrado Ramírez, el fiscal dijo que espera que el pleno del Poder Legislativo apruebe esta petición que realizó la Fiscalía ante toda la información que concentra de este caso en específico.
Explicó que en una primera instancia, la Comisión Instructora del Congreso del Estado emite una opinión recaída a esa solicitud y que en esta etapa unos cuantos diputados, en una opinión que solamente ellos conocen la motivación y sus convicciones, pues no declaran o no se muestran favorables al sentido que se había propuesto por parte de la presidente de la Comisión para dictaminar este caso.
Peniche Espejel indicó que este proceso no concluye ahí, puesto que no se trata únicamente de la opinión de la Comisión Instructora sino también, es ahora ese dictamen y esa negativa de estos diputados que tendrá que pasar al Pleno del Congreso.
“Ahora le corresponde al Pleno del Poder Legislativo pronunciarse sobre esta solicitud y ahí es donde se tendrá que resolver y nosotros estamos convencidos de que el Congreso del Estado actuará con esta responsabilidad republicana y no se sumará bajo ninguna circunstancia al marco de impunidad que ha caracterizado los casos de corrupción en todo el país”, expresó el fiscal general.
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