/ sábado 20 de junio de 2020

Asesinan a activista defensor del bosque

Comunidad de Bocoyna ha luchado por la tala inmoderada y las afectaciones causadas por la construcción del aeropuerto de Creel

El activista indígena José Antonio Montes Enríquez, representante de la Comunidad en el Comité Técnico del Fideicomiso de Bosques de San Elías Repechique fue asesinado. Era un férreo defensor del bosque y en reiteradas ocasiones denunciaron la tala ilegal que se realizaba. A la fecha no han sido atendidas dichas denuncias.

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Toño encabezó varios plantones y manifestaciones en la Sierra y en las instalaciones de Semarnat en la capital.

La Fiscalía General del estado confirmó como móvil del crimen un asunto familiar. Su cabeza fue destrozada.

Hay que mencionar que desde noviembre de 2014 el juez octavo de distrito, Ignacio Cuenca Zamora, resolvió el amparo 422/2014 a favor de la comunidad ordenando la indemnización de 65 millones de pesos por las afectaciones ocasionadas por la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel. El fideicomiso beneficia a 33 comunidades.

Varios colectivos y organizaciones como Alianza Sierra Madre y Consultoría Técnica Comunitaria lanzaron un llamado al gobierno para que se esclarezca el homicidio de José Antonio y por ende se castigue a él o los culpables.


LA TALA, UN PROBLEMA LACERANTE

Desde hace años, la comunidad enclavada en el municipio de Bocoyna ha luchado contra la tala ilegal, debido a que está acabando con la vegetación, la fauna, plantas y árboles medicinales como el madroño que crece bajo la sombra y humedad de los pinos.

Los integrantes de la comunidad ralámuli, poseedores ancestrales de la tierra, se organizaron para no permitir la extracción de la madera. En varias ocasiones se plantaron en diversos puntos que conforman la comunidad para impedir la explotación.

En reiteradas ocasiones, Toño, como se le conocía, lideró las exigencias para que la Semarnat acudiera a la zona a verificar los daños que se han ocasionado con el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal.

A pesar de que contaban con un amparo para la suspensión de la explotación forestal, los taladores volvieron a marcar y talar pinos de gran tamaño y mucho antigüedad.

La comunidad indígena siempre ha vivido en la zona, las tierras les pertenecen ancestralmente, sus predios se extienden por 33 mil hectáreas, de las cuales 11 mil 500 hectáreas están en conflicto, ya que al menos 6 particulares se ostentan como propietarios y buscan aprovechar la madera.

En su lucha siempre dejaron claro que los permisos que la Semarnat otorga a particulares violentan sus derechos humanos más elementales como es la vida, el trabajo y la consulta previa, libre e informada. Violando el Convenio 169 y la Constitución Mexicana donde se establece la protección de los pueblos indígenas.

Desde el 2017, advirtieron a la Semarnat que no iban a dejar que la madera se siguiera traficando. Su lucha nunca ha sido sencilla, incluso están conscientes que en ella va la vida, pues hombres armados han llegado para intimidarlos. Ya son más de 16 años que la dependencia federal otorga permisos.

Apenas hace unas semanas volvieron a alzar la voz debido a que los taladores aprovechando la contingencia sanitaria volvieron a talar.


UNA RIÑA FAMILIAR

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó como móvil del crimen de José Antonio es de índole familiar, descarta que sea a consecuencia de las denuncias realizadas en contra de explotadores forestales.

El fiscal de distrito de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón, informó que el homicidio se derivó de una riña por un conflicto familiar al calor de las copas.

El reporte establece que el líder indígena fue atacado por César P. G., de 27 años de edad, indígena de la comunidad de Los Manzanos, en el municipio de Bocoyna.

Toño, su agresor y cuando menos 4 personas más estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes en Creel, alrededor de las 18:00 horas del 6 de junio decidieron regresar a la comunidad de El Manzano.

En el trayecto realizaron una parada para sus necesidades fisiológicas, fue cuando la hermana de César le quitó las llaves de la unidad en la que viajaban debido a que por su estado de ebriedad en varias ocasiones estuvieron a punto de sufrir un accidente.

La situación enfrentó a la mujer y a César, lo que motivó que José Antonio se involucrara y derivó en su muerte. En su enojo, César tomó una pesada piedra con la que le pegó en la cabeza, destrozando su cráneo. La necropsia estableció traumatismo craneoencefálico severo.

La FGE informó que ya existe una orden de aprehensión en contra del responsable.


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El activista indígena José Antonio Montes Enríquez, representante de la Comunidad en el Comité Técnico del Fideicomiso de Bosques de San Elías Repechique fue asesinado. Era un férreo defensor del bosque y en reiteradas ocasiones denunciaron la tala ilegal que se realizaba. A la fecha no han sido atendidas dichas denuncias.

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Toño encabezó varios plantones y manifestaciones en la Sierra y en las instalaciones de Semarnat en la capital.

La Fiscalía General del estado confirmó como móvil del crimen un asunto familiar. Su cabeza fue destrozada.

Hay que mencionar que desde noviembre de 2014 el juez octavo de distrito, Ignacio Cuenca Zamora, resolvió el amparo 422/2014 a favor de la comunidad ordenando la indemnización de 65 millones de pesos por las afectaciones ocasionadas por la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel. El fideicomiso beneficia a 33 comunidades.

Varios colectivos y organizaciones como Alianza Sierra Madre y Consultoría Técnica Comunitaria lanzaron un llamado al gobierno para que se esclarezca el homicidio de José Antonio y por ende se castigue a él o los culpables.


LA TALA, UN PROBLEMA LACERANTE

Desde hace años, la comunidad enclavada en el municipio de Bocoyna ha luchado contra la tala ilegal, debido a que está acabando con la vegetación, la fauna, plantas y árboles medicinales como el madroño que crece bajo la sombra y humedad de los pinos.

Los integrantes de la comunidad ralámuli, poseedores ancestrales de la tierra, se organizaron para no permitir la extracción de la madera. En varias ocasiones se plantaron en diversos puntos que conforman la comunidad para impedir la explotación.

En reiteradas ocasiones, Toño, como se le conocía, lideró las exigencias para que la Semarnat acudiera a la zona a verificar los daños que se han ocasionado con el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal.

A pesar de que contaban con un amparo para la suspensión de la explotación forestal, los taladores volvieron a marcar y talar pinos de gran tamaño y mucho antigüedad.

La comunidad indígena siempre ha vivido en la zona, las tierras les pertenecen ancestralmente, sus predios se extienden por 33 mil hectáreas, de las cuales 11 mil 500 hectáreas están en conflicto, ya que al menos 6 particulares se ostentan como propietarios y buscan aprovechar la madera.

En su lucha siempre dejaron claro que los permisos que la Semarnat otorga a particulares violentan sus derechos humanos más elementales como es la vida, el trabajo y la consulta previa, libre e informada. Violando el Convenio 169 y la Constitución Mexicana donde se establece la protección de los pueblos indígenas.

Desde el 2017, advirtieron a la Semarnat que no iban a dejar que la madera se siguiera traficando. Su lucha nunca ha sido sencilla, incluso están conscientes que en ella va la vida, pues hombres armados han llegado para intimidarlos. Ya son más de 16 años que la dependencia federal otorga permisos.

Apenas hace unas semanas volvieron a alzar la voz debido a que los taladores aprovechando la contingencia sanitaria volvieron a talar.


UNA RIÑA FAMILIAR

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó como móvil del crimen de José Antonio es de índole familiar, descarta que sea a consecuencia de las denuncias realizadas en contra de explotadores forestales.

El fiscal de distrito de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón, informó que el homicidio se derivó de una riña por un conflicto familiar al calor de las copas.

El reporte establece que el líder indígena fue atacado por César P. G., de 27 años de edad, indígena de la comunidad de Los Manzanos, en el municipio de Bocoyna.

Toño, su agresor y cuando menos 4 personas más estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes en Creel, alrededor de las 18:00 horas del 6 de junio decidieron regresar a la comunidad de El Manzano.

En el trayecto realizaron una parada para sus necesidades fisiológicas, fue cuando la hermana de César le quitó las llaves de la unidad en la que viajaban debido a que por su estado de ebriedad en varias ocasiones estuvieron a punto de sufrir un accidente.

La situación enfrentó a la mujer y a César, lo que motivó que José Antonio se involucrara y derivó en su muerte. En su enojo, César tomó una pesada piedra con la que le pegó en la cabeza, destrozando su cráneo. La necropsia estableció traumatismo craneoencefálico severo.

La FGE informó que ya existe una orden de aprehensión en contra del responsable.


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