Durante su participación en el Foro Estatal “Compromisos Anticorrupción”, el gobernador Javier Corral enfatizó que minar la corrupción no es posible con un “borrón y cuenta nueva”, sino que es preciso cerrarle la puerta a la impunidad.
Durante el evento celebrado en el Salón 25 de Marzo, de Palacio de Gobierno, dijo que para abatir este flagelo se requiere del compromiso absoluto de todos, de unir esfuerzos y capacidades para conformar un país de justicia y de ética pública.
Los asistentes al Foro discutieron temas como acceso ciudadano a la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y el Comité Estatal de Participación Ciudadana, así como las lagunas que existen en el sistema estatal y los objetivos trazados en la materia.
Como parte los trabajos, establecieron una serie de compromisos: la generación de lineamientos para asegurar la operatividad de los órganos internos de control y la generación de lineamientos para el procedimiento de atención a denuncias y responsabilidades administrativas.
Además de la integración de un sistema interno de seguimiento a denuncias en la Auditoría Superior del Estado, la simplificación de cerca de 300 trámites administrativos, la posibilidad de contar con jueces especializados en el tema y promover en el sector empresarial la certificación ISO 37001.
Corral en su discurso señaló que para lograr el combate a la corrupción no basta la voluntad política del gobernante, sino institucionalizar procesos y que cada actor esté a la altura de su deber, pues una de las principales solicitudes de la población es generar una cultura de la rendición de cuentas, así como de las atribuciones y facultades de los funcionarios estatales.
Manifestó que su Gobierno facilita el acceso a los ciudadanos, es incluyente, plural y donde verdaderamente se combate a la corrupción, porque se investigan hechos y de ahí resultan probables responsables, en el tamaño y dimensión que se quiera.
“Tal vez somos el único que ha denunciado, integrado y llevado ante los tribunales a los responsables de una de las operaciones más escandalosas de la corrupción nacional, que se realizó en la administración de Peña Nieto y que ha sido conocida como la Operación Safiro, una corrupción que esperemos no quede impune en el país”, declaró.
Al respecto, recordó que a Chihuahua se le quitó el asunto más importante por una pretendida federalización, para después provocar un desistimiento de la Procuraduría General de la República en el tema, y tratar de generar impunidad en el caso de Chihuahua.
Corral explicó que en 2017 se emitieron modificaciones a la Constitución Política del Estado en el rubro anticorrupción, para estar acorde con la legislación nacional en la materia, pero Chihuahua fue más allá al establecer mecanismos que abonaran a la imparcialidad de los titulares de los órganos relacionados.
Además, fue en esta administración que se acabó con los nombramientos discrecionales en los sistemas anticorrupción, donde desafortunadamente se critica más lo que falta por hacer, que tomar en cuenta la decisión fundamental de haber entrado en procesos imparciales.
Agregó que son este tipo de esfuerzos los que se tienen que impulsar con firmeza para tener un sistema confiable que ponga el ejemplo a nivel nacional, de lo mucho que puede lograr la cruzada anticorrupción, así como la institucionalización de estos procesos en la ley.
Al hacer uso de la palabra, José Octavio López Presa, presidente nacional del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, afirmó que es preciso desterrar que a los puestos lleguen los cuates, los afines, porque ningún país que ha avanzado en la materia incluye esta práctica.
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