La Comisión de Desarrollo Rural aprobó el dictamen de la iniciativa presentada por el diputado local, Lorenzo Arturo Parga Amado, a efecto de establecer como garantía constitucional la agricultura familiar y sostenible.
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Hay que recordar que Parga Amado, en días pasados presentó un documento en el cual expuso que en el año 2011 se hizo una reforma a la Carta Magna a fin de elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación, la cual en el artículo cuarto establece que, “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, teniendo la obligación el Estado, de garantizarlo”.
Sobre esto, el diputado de Movimiento Ciudadano, comentó que a pesar de haber sido un paso muy grande el establecer el derecho a la alimentación en la Constitución, se queda corto en la lucha contra la eliminación del hambre, puesto que falta de integrarse las acciones a considerar para poder garantizarla, haciendo que la ONU para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, emitiera un conjunto de 20 acciones interconectadas y diseñadas para mostrar el impacto de la agricultura sostenible frente a los grandes desafíos del planeta, las cuales son muy importantes aplicarlas.
El campo en nuestro país, así como la agricultura familiar como medio de sustento, ha estado abandonado por muchos años, es un sector que requiere un análisis a fondo del marco jurídico para conducir el esfuerzo de los mexicanos en el campo, hacer que impere más justicia y se pueda responder a las nuevas realidades económicas y sociales, dijo el diputado.
Destacó que una acción muy importante para garantizar este tipo de esfuerzos es el elevar a rango constitucional, como parte de los derechos humanos, la agricultura, así como establecer en los marcos jurídicos federales y estatales la obligatoriedad del Estado de apoyar, promover y establecer programas y acciones que favorezcan a la agricultura, sobre todo la agricultura familias y autosustentable.
Es por ello que esta iniciativa fue turnada para ser votada en sesión ordinaria ya que el impulso a la agricultura familiar, la producción nacional de alimentos en su conjunto y el derecho humano a una alimentación adecuada, suficiente, y de acuerdo a las realidades culturales y regionales del país, debe implicar el reconocimiento a tal actividad y a la producción de alimentos, desde el marco constitucional, hasta sintonizar con la legislación internacional que el estado mexicano ha suscrito y ratificado, concluyó.
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